(1) Irresponsabilidad criminal

“Aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses..”

(García Lorca)

Sí, pero cada vez que se repite una catástrofe o un ataque a la integridad territorial utilizando flujos de emigrantes ilegales y se resuelve mal, se multiplican las bajas y daños con relación a la anterior. En el precedente de 2021 (desencadenada por el tratamiento médico en el hospital de la Rioja del Jefe del Polisario) las autoridades marroquíes permitieron, en represalia, el paso masivo de inmigrantes hacia España por la ciudad de Ceuta. Fueron unos 10.000 los que penetraron en territorio español y hubo que lamentar dos muertos. Tras un tímido y pactado rifirrafe diplomático del Gobierno español con Marruecos se procedió a la devolución en caliente de los mayores de edad y a repartir entre CCAA a unos 436 MENAS. Ahora, seis años después, la invasión es de una entidad siete veces superior, 70.000 migrantes y los muertos, por ahora, 142. Tras los contactos de ambos gobiernos se ha permitido el retorno voluntario a Marruecos de unos 55.000 asaltantes ilegales de la frontera del Tarajal. Se estima que permanecen en la ciudad de Ceuta entre 5.000 y 8.000 que serán devueltos por el procedimiento habitual de los Acuerdos con Marruecos de 1992 y 2007 que regulan, entre otros supuestos, la readmisión de personas en situación irregular y la protección de menores no acompañados y nuestra Ley de Extranjería. Entre este grupo de migrantes se ocultan algunos terroristas islámicos, así como, un numero indeterminado de delincuentes indultados por el Monarca marroquí durante las Fiestas del Trono).

Aquí empieza el primer problema político: la guerra de cifras. Los dos organismos que proporcionan la información sobre los que entraron ilegalmente, los que se volvieron voluntariamente y los que todavía continúan en la ciudad de Ceuta (dispersos o controlados), son, fundamentalmente el delegado del Gobierno y el presidente de la CA. El primero de ellos, como representante del Gobierno central, trata de minimizar las cifras, como si al reducirlas se diluyera su responsabilidad o la del Ejecutivo de quien depende en la nefasta resolución del problema. Por su parte, el presidente de Ceuta, maximiza los números para exigir el retorno a Marruecos de los migrantes que continúan en la ciudad, un refuerzo de los servicios de emergencia y control, mayor número de agentes de seguridad, la permanencia del Ejército y declaración de emergencia de interés nacional con un mando único estatal.

Hay que resaltar la “peligrosidad” de la guerra de cifras que ya, en los primeros momentos, se ha llevado por delante a una funcionaria responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional , cesada por difundir datos del Ministerio del Interior sobre la entrada masiva de inmigrantes (49.000) en la ciudad autónoma en la web oficial del organismo. Estamos en condiciones de afirmar que esa fue la única decisión que tomo el Gobierno Central hasta bien producido el asalto.

...Y, como esto, todo: la DANA, los incendios forestales, los accidentes de trenes, los apagones, etc. Aquí no se tienen en cuenta la lecciones aprendidas para corregir errores, aquí lo que interesa, es ver cómo influyen estos hechos en la intención de voto del personal para forzarla, si fuera necesario, con un buen relato progresista.

Me propongo analizar los hechos probados para determinar posibles responsabilidades y extraer lecciones aprendidas (evitar errores, optimizar los métodos de trabajo y mejorar la toma de decisiones en futuros casos). Desde mi punto de vista, me interesa, también, proporcionar al lector interesado unos elementos de juicio en que fundamentar sus opiniones en un asunto de tanta trascendencia, por encima del ruido mediático y político.

Comencemos por los prolegómenos del asalto con las señales de alerta previas a la avalancha del 30 de julio de 2026, en Ceuta. En los primeros seis meses del año se detectó un repunte del 164% en entradas de migrantes irregulares (el numero se disparó en el último mes). Así mismo, se detectaron campañas masivas de desinformación en redes sociales para incentivar la migración irregular hacia Ceuta. Los mensajes claves se referían a falsos rumores sobre la apertura de fronteras, la famosa sentencia de nuestro Tribunal Supremo que interpretaban como una invitación a saltarse la frontera por mar y convocatorias de concentración y logística para el cruce a nado. Tampoco faltaron los avisos públicos de desbordamiento por parte de sindicatos policiales, de órganos de inteligencia (dependiente del Ministerio del Interior y del Estado) y del propio presidente autonómico (El presidente Sánchez tardó tres días en ponerse al teléfono directamente con el presidente de Ceuta tras ignorar las primeras llamadas de auxilio previo. Una vez consumada la entrada masiva, Sánchez se dejo ver, fugazmente, por Ceuta acompañado por el ministro del Interior). Pero la mas clara señal de alerta de lo que se estaba tramando fue la concentración multitudinaria de personal en Castillejos preparándose para el cruce de la frontera por mar.

Me voy a detener de inicio en algo que para un militar tiene un importancia vital: la asunción de responsabilidades por el Mando en un escenario de peligro para la integridad del territorio nacional (como así definió el hecho el propio presidente del gobierno). En este sentido, me voy a referir a la confluencia de declaraciones, que no controversia, hecha pública entre el ministro del interior y la ministra de defensa por el tema de la información aportada por el CNI. El Sr. Marlasca ha negado que el Centro Nacional de Inteligencia emitiera advertencia alguna sobre una posible entrada masiva de inmigrantes como la que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio. Con relación a estas afirmaciones la ministra de defensa, Margarita Robles, no defendió al CNI como era de esperar en un mando con un subordinado (el servicio de inteligencia está adscrito al MINISDEF), se limitó a ensalzar la labor que realiza el servicio para evitar conflicto entre ministerios (política, ¡puf!).

Imagínense la situación en Ceuta: a partir del día 22 de julio comienzan a llegar a Castillejos (pueblo marroquí situado a 3 kilómetros de la frontera del Tarajal y a 5,5 del Barrio del Príncipe en Ceuta) autobuses transportando a una mayoría de personal masculino en edad militar, consolidándose una multitud de unas 70.000 personas el día 28. Para conocer esto, no hacen falta grandes servicios de inteligencia porque el problema se puede seguir a simple vista desde Ceuta. Además los ceutíes pudieron enterarse de los detalles de la vida de esa multitud (que estaban comprando numerosos equipos para nadar en aguas abiertas) a través de los marroquíes que cruzan la frontera diariamente de forma autorizada, para vender sus productos o surtirse de otros. Resumiendo, que cualquier ceutí con dos dedos de frente sabía que aquella multitud no habían venido a otro asunto  que a forzar la frontera por mar porque, entre otras cosas, lo clamaban descaradamente ellos mismos.

Según declaraciones del ministro Marlasca, si hubiera tenido información de que una multitud iba a cruzar, simplemente, “se habría conformado una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias". Esa información que el Ministro echaba de menos (porque no se la proporcionó el CNI según dijo), disponía de ella cualquier ceutí en el uso de sus facultades mentales.

Por mi parte, le voy a proponer otra lectura probable de los hechos: El CNI hizo su trabajo que es, en especial, el seguimiento de la formación y preparación logística de la multitud informando en tiempo real a sus superiores del servicio. Esto, junto con informaciones disponibles de otras fuentes, se transformó en informes, valoraciones y notas que fueron presentados por el mando técnico del servicio a su autoridad política, la secretario de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia. Esta, a su vez, los cursaría a los integrantes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (que coordina los distintos servicios de información e inteligencia del Estado), órgano también político. En alguno de esos dos extremos políticos de la cadena de comunicación (yo me inclino mas por el primero) al ver que la realidad pudiera perturbar el descanso del Presidente y, contando con la confianza ciega que el amigo marroquí solucionaría la situación, atenuaron, suavizaron y mitigaron los informes para que una situación de grave peligro para la seguridad nacional se transformara en una simple serpiente de verano.

¿Qué trascendencia pudiera haber tenido esta mixtificación de los informes? Sabemos que el ministro del interior tiene la responsabilidad política, de dirección y de mando superior sobre la seguridad ciudadana, el control de extranjería y la vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del Estado. Esta responsabilidad no la puede eludir, como ha hecho el Sr. Marlasca descargándola en el CNI (un órgano adscrito al Ministerio de Defensa que le proporciona información) porque es una villanía impropia de una persona que ejerce el mando. Pero, además, cuando un mando político o cargo público genera un riesgo grave o deja de actuar ante una amenaza a la seguridad nacional, puede incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, dependiendo de la gravedad de su omisión y de las leyes aplicables de nuestro ordenamiento jurídico.

Para un próximo artículo dejo el análisis de la actuación de las distintas administraciones (central y autonómica) en la gestión de la invasión, buscando la verdad entre el aluvión de declaraciones y aportando ideas para unas lecciones aprendidas.

11/08/2026

Primera parte

Manuel Castro Zotano

General retirado

Su Santidad el Papa ha conseguido con su discurso en el Parlamento que todos los grupos políticos presentes le dedicaran una ovación tan prolongada como no se recordaba desde las primeras Cortes de la democracia. Hubo, claro está, dos excepciones, la del los partidos políticos BNG y Podemos que no asistieron al acto coherentes con su laicismo y falta de educación cívica y la de los dos diputados de Vox, que si asistieron pero no aplaudieron, quizás por su permanente enfado contra el mundo.

En general, todos los grupos políticos se mostraron satisfechos con las palabras del Papa. El Gobierno, por su parte, se aferró a la egregia visita como a un clavo ardiendo para hacer olvidar, aunque sea momentáneamente, sus casos generalizados de presunta corrupción. Se despellejaron las manos batiendo palmas cuando el Papa habló de asuntos relativos a la doctrina social de la Iglesia que podían tener algún punto de contacto con su ideología (p.e. en la acogida e integración de emigrantes), pero miraron para otro lado, callando como meretrices, cuando el tema era descaradamente contrario (caso del aborto o la eutanasia). La oposición de derechas (?), el PP, mantuvo una postura de afinidad con el discurso, desde la A a la Z, como dijo el presidente de este partido, aunque el Gobierno se encargó de resaltarle sus contradicciones ideológicas con el Papa en materias como la emigración. Los dos o tres liberales que aun deben de quedar en el Parlamento también aplaudieron con fruición pese a que vienen quejándose en la prensa que aún les publica que la posición del Vaticano desde Francisco mas que “doctrina social” de la iglesia es “doctrina socialista”. El partido independentista catalán Junts per Catalunya, que no pierde ocasión de hacer el ridículo identitario, protagonizó las dos estupideces de la jornada cuando su portavoz en el Congreso aprovechó un saludo protocolario para dirigirse al Pontífice en inglés recriminándole que utilizara tan poco el catalán en sus discursos. Como los tontos siempre van en racimos, otro representante de su formación, el portavoz en el Senado Eduard Pujol, le trasladó el mismo mensaje de queja, pero en aquella ocasión en italiano. Asómbrense, los diputados de Bildu, tan humanitarios ellos, mostraron una sonrisa beatífica cuando SS hacía referencia a la dignidad intrínseca del ser humano. El PNV, estuvo con el Papa en los actos institucionales y se mostró de acuerdo con el contenido del discurso. Otro chasco, el Sr. Rufián, portavoz de ERC (no sé si todavía en activo), que hace yoga postural para encontrar una cámara, aplaudió y elogió lo dicho por el Papa.

Lo que no deja de extrañar es que, no solo en este discurso, sino en todos los que Su Santidad ha pronunciado durante esta visita, los grupos políticos de izquierda cuya ideología es contraria a la religión (se autoproclaman ateos o anticlericales y políticamente laicos) han conseguido, como siempre, ganarle el relato moral a la derecha meapilas en el tema de la emigración. ¿Acaso, la Iglesia tiene un relato más parecido al de los impíos en materias sociales? A esta pregunta voy a tratar de dar respuesta. En principio, considero que todo parte de la confusión existente entre el discurso religioso y el político.

El discurso religioso se basa, fundamentalmente, en las creencias, las prácticas espirituales y determinado propósito de vida. Por medio de la fe se cree en un ser supremo que tiene un proyecto de eternidad para el ser humano, dando respuesta a las grandes preguntas sobre su destino. Implica aceptar como verdades realidades que no se pueden comprobar empíricamente pero que son inmutables por la infalibilidad de la fuente. A través del esoterismo de los actos litúrgicos los fieles se ponen en contacto espiritual con Dios. El propósito de vida para el católico, por ejemplo, se resume en la respuesta que dio Jesucristo a la pregunta que le formuló el fariseo sobre cuál era el principal mandamiento: “amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39).

En cambio, el discurso político pertenece al mundo de las ideas. Su finalidad es alcanzar el bien común que, aunque único, presenta rasgos distintivos que generan variadas ideologías políticas. La verdad política no es inmutable, sino negociable.

¿Qué ocurre cuando ambos discursos se confunden? Demos voz al filosofo socialdemócrata y agnóstico, Habermas: “las autoridades religiosas tienen que traducir los argumentos morales a un lenguaje secular accesible a todos; por otra parte, la flexibilidad del concepto de verdad en política choca frontalmente con los dogmas religiosos inflexibles”. Como por mucho que se estire el lenguaje las verdades morales son inmutables y las verdades políticas cambiantes según los consensos, ambos discursos son incompatibles.

¿De dónde viene esta confusión entre ambos discursos?: desde que la Iglesia Católica con el advenimiento de la secularización perdió y trató de recuperar su influencia en lo político (las Instituciones y las leyes del Estado), lo económico (para subsistir como organización mundial pese a la expropiación de sus bienes), en lo cultural (compatibilizando el conocimiento científico con la revelación) e, incluso en lo personal (evitando la pérdida de fieles subyugados por el modernismo y unas leyes más permisivas que las derivadas de principios religiosos).

Todo lo anterior, empezó a ocurrir con la caída del Antiguo Régimen (finales del XVIII) y se fue acrecentando con la llegada de la revolución liberal, los nacionalismos, los movimientos obreros, las dos guerras mundiales y finalmente, en la actualidad con las nuevas doctrinas sociales tan disolventes como el progresismo de corte marxista o el de la cancelación woke.

¿Cómo se enfrentó la Iglesia Católica a estos retos? Responderemos en el próximo artículo.

09/07/2026

Con la Iglesia hemos topado (segunda parte)

Manuel Castro Zotano

General retiado

En el artículo anterior hemos visto los retos principales a los se enfrentó y se sigue enfrentando la Iglesia Católica desde la secularización sobrevenida con la caída del Antiguo Régimen hasta nuestros días. Veamos con qué estrategias:

• La primera, de confrontación frontal, representada especialmente por Pio IX (1864), que propugnó el reforzamiento de la autoridad papal frente a los gobiernos liberales y nacionalistas, llegando a denigrar sus doctrinas (encíclica Quanta cura, acompañada de el Syllabus, catalogo de los errores de la época condenables).

• Después vino la estrategia de competencia, encabezada por León XIII, abarcando tanto el mundo de las ideas políticas, donde propuso un modelo de doctrina social de la Iglesia equidistante del capitalismo liberal abusivo y del socialismo ateo (recogida en su encíclica De Rerum Novarum, 1981), como en el de la praxis, mediante la creación de partidos democratascristianos repartidos por Europa e Hispanoamérica. Fracasó la experiencia por la secularización de la sociedad, la tensión entre las corrientes internas liberal y la conservadora, así como, por otras cuestiones propias de los partidos políticos como las disputas de liderazgo o la corrupción.

• La siguiente estrategia fue la del aggionamento (puesta al día) de Juan XXIII que culminó con la convocatoria del Concilio Vaticano II. Supuso un cambio en la Iglesia tan profundo que aún hoy no se acaba de asumir, en aspectos tales como la forma de vivir y entender la fe, la pastoral y la liturgia. Con la forma de entender la fe, la “Apertura al Mundo” (Gaudium et Spes), se asumía el compromiso con la justicia social, derechos humanos y la paz; esto, junto a la nueva eclesiología (sustitución de la iglesia de estructura piramidal por la horizontal del pueblo de Dios) y una liturgia (desacralizada, antropocéntrica, banalizando en cierta manera el acto litúrgico y con influencias protestantes) revolucionó la actuación de la Iglesia que corrió, en algunos casos, a abrazarse a los grupos políticos que teóricamente luchan por la justicia social y la defensa del oprimido (digo teóricamente, porque cuando implantan su ideología en un país se recrudece la opresión de modo exponencial). Así en Hispanoamérica dio lugar a la “Teología de la Liberación” en que determinados sacerdotes aplicaban la metodología de los grupos marxistas (materialismo dialéctico) para interpretar y difundir un relato evangélico mixtificado donde, también, se promocionaba la lucha de clases.

• La llegada de Juan Pablo II al pontificado propicio una estrategia de nueva evangelización, tratando de controlar los excesos del Concilio Vaticano II y centrada en la dignidad de la persona, promoviendo la libertad y la democracia, lejos del capitalismo salvaje y del comunismo. Esto le granjeó la inquina del comunismo soviético y de sus adláteres en Occidente. Propició la utilización de nuevos métodos de evangelización para fidelizar antiguos territorio católicos en manos comunistas, así como, la búsqueda de la verdad, argumentando que la fe y la razón no son contradictorias (encíclica Fides e Ratio). Promovió la cultura de la vida frente a lo que denominó "cultura de la muerte", rechazando frontalmente prácticas como el aborto y la eutanasia, abogando por los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural. Fue una época en que se detuvo, de alguna forma, la tendencia a la perdida de fieles que se venía experimentando preocupadamente en la iglesia católica de occidente.

• La llegada del Papa Francisco supuso una conmoción extraordinaria para la Iglesia acrecentando la división entre tradicionales e innovadores. Muy influenciado por el sesgo político de su orden y su larga vivencia en Hispanoamérica, se inclinó hacia posturas políticas de izquierda primando su contacto con dirigentes políticos y sociales afines con sus ideas. Su estrategia populista se plasmó en el cambio del lenguaje de comunicación, aunque sus detractores arguyen que vendió muy bien el poco producto que generó. Sí que se notó su mano en el cambio de los hábitos de vida suntuosos del Vaticano por otros mas sencillos y humildes. Asimismo, supervisó estrictamente las finanzas de la Santa Sede para evitar escándalos económicos como había sucedido en el papado anterior. Abrió la Iglesia al exterior como nunca antes se había hecho dialogando con Autoridades religiosas de otras confesiones o de distintos cultos cristianos. Fue el primer Papa ecologista materia a la que dedico una encíclica. También inclusivo, dicho en la jerga progresista, al nombrar un cierto numero de mujeres para cargos de alta responsabilidad y toma de decisiones dentro de la Curia Romana (algunas de ellas no ejemplares en respeto a la doctrina cristiana). Mostró, asimismo, sumo interés en abrir las puertas de la Iglesia a colectivos como los homosexuales o separados, casados de nuevo por lo civil (documento Amores Laetitia), violentando la doctrina cristiana, según los conservadores. En consonancia con sus tics de izquierda efectuó numerosos cambios en puestos clave del gobierno de la Santa Sede para controlarlo sin oposición. Mundanizó una Iglesia que en sus orígenes no era de este mundo ("estar en el mundo, pero no ser del mundo", Juan 17:15-1). Es forzoso reconocer que fue muy popular y querido de la prensa y políticos de corte social-marxista.

Tras repasar, brevemente, las diferentes estrategias seguidas por la Iglesia (desde la  de oposición a la de apertura al mundo) para conseguir recuperar lo perdido con la secularización, podemos llegar al conclusión, desde nuestra corta visión occidental, que la Iglesia como Institución ha perdido su ascendiente, no ya sobre los Estados, sino sobre la propia sociedad (vencida en la batalla cultural por el dominio de los valores y creencias); ha perdido, también, fieles de forma relevante porque al mundanizarse (entrar en el debate político, banalizar la liturgia, entre otros, ha olvidado en cierta manera su dimensión vertical que es la que da respuesta a los grandes problemas del ser humano…

La visita a España del nuevo Papa ha supuesto un espaldarazo al magisterio moral de SS sobre la sociedad y sus autoridades. Ha hablado de los temas cruciales como la emigración pero no lo ha hecho proponiendo formulas concretas como hacen los partidos políticos sino proyectando el problema sobre la pantalla de los principios morales católicos. Lleva muy poco tiempo en su puesto pero me da la impresión que es un líder tranquilo, algo tímido, que no rehuye o dilata enfrentarse a los problemas que se le van presentando y decide con prontitud y valentía.

No cabe duda que en Europa se ha producido un significativo descenso del numero de autoproclamados católicos (excepto en los países del este que estuvieron bajo el yugo del comunismo de la URSS) pero, en cambio, se ha generado un incremento exponencial en América, África, Asia y Oceanía.

N.B. se empieza a notar un repunte en España, especialmente entre la juventud, del interés por la práctica religiosa.

Así que los grandes pensadores agoreros del final de la Iglesia como Nietzche (“Dios ha muerto”), Marx (con el cambio de las estructuras económicas se acabaría con la Iglesia) o Comte (con el conocimiento empírico se sustituiría definitivamente la religión), tendrán que esperar, con gran pesar de esa izquierda atea, comecuras que confunde sus deseos con la realidad...

09/07/2026

No hay derecho (I): La ONU en fuera de juego

Manuel Castro Zotano

General retirado

La intervención militar de EEUU en Venezuela el 3 de enero con el resultado de la captura y puesta a disposición de la Fiscalía de Nueva York del presidente Maduro y de su esposa ha provocado una controversia mundial en los aspectos político y jurídico. Para unos, los adversarios políticos o enemigos del presidente Trump, se trata de una actuación ilegal que vulnera tanto del derecho interno como del internacional, mientras que para otros, el pueblo venezolano o próximos al pensamiento político del presidente americano, todo se hizo de conforme a derecho.

En cuanto al derecho interno de EEUU, la oposición demócrata arguye que para una operación militar de este tipo se necesitaba la autorización del Congreso (Artº 1, Sec. 8 de la Constitución americana). Por el contrario, legisladores y juristas republicanos y el mismo Marcos Rubio, Secretario de Estado, consideran que dicha autorización no es necesaria por las atribuciones que tiene el Presidente (Ley de Poderes de Guerra) de ordenar operaciones militares de hasta sesenta días (mas treinta adicionales para la retirada) sin autorización del Congreso, solo con notificárselo en el plazo de 48 horas (cosa que se hizo dentro de las primeras cuatro horas). Tampoco es relevante porque con la mayoría conservadora del Congreso se evitaría cualquier veto de los demócratas (por lo menos hasta Octubre que hay nuevas elecciones al Congreso).

Se discute, asimismo, la naturaleza de la operación que para los demócratas es una operación militar, mientras que para el Secretario de Estado Rubio se trata de una operación policial para capturar "fugitivos de la justicia estadounidense" realizada por el Departamento de Guerra en apoyo del Departamento de Justicia. Desde nuestro punto de vista, no parece muy acertado este aserto cuando tras la extracción de los presuntos delincuentes, se está tratando de cambiar el régimen del país atacado.

Tampoco es una operación militar porque no reúne dos de las condiciones para serlo, como OBJETIVO MILITAR DEFINIDO (no buscaba lograr una ventaja estratégica, operacional o táctica) y CONTEXTO DEL CONFLICTO (no es una operación ofensiva, defensiva o de estabilización en el marco de una guerra u operación de paz).

Como puede deducirse de lo expuesto hasta ahora, el asunto de la vulneración del derecho interno por el presidente Trump es tan intrincado y con tanta carga política que debería dilucidarse en un tribunal (como inevitablemente ocurrirá).

Es importante decir que estos problemas no deberían afectar al proceso judicial abierto contra Maduro, su mujer y cuatro personas más, cuya defensa podría impugnar la acusación por  la vulneración de la legislación interna de EEUU por el presidente Trump. No parece procedente porque por la doctrina Ker-Frisbie “no importa cómo se lleve a un sospechoso ante un tribunal estadounidense; el juicio puede continuar, incluso si se produce tras "una intervención armada ilegal o un secuestro", “siempre y cuando el sospechoso no haya sido sometido a torturas graves durante el proceso”.

Si existe alguna duda razonable sobre la legalidad de la actuación de EEUU desde el punto de vista del derecho interno, no la hay en lo que se refiere al derecho internacional público:

• En la Carta de NNUU, Art° 2.4. se prohíbe, taxativamente, la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En este caso, se vulneraron las fronteras de un país soberano mediante el empleo de la violencia que produjo bajas y daños materiales, así como la inmunidad de su Presidente y se atentó contra la independencia política desde el momento en que se quiere cambiar el régimen.

• En el Art° 51 de dicha Carta, solo se justifica el uso de la fuerza en dos casos:

  • Con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

  • Legítima defensa en respuesta a un ataque armado.

No se dan ninguna de las dos condiciones. Hilando muy fino y de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su Art° 31.1.c. se considera también legitima defensa en los crímenes de lesa humanidad (hay una corriente de juristas del derecho internacional que contempla el narcotráfico como delito de lesa humanidad). En cualquier caso, necesitaría el acuerdo previo del Consejo de Seguridad de las NNUU.

Podría esgrimirse el argumento jurídico de “estado de necesidad” o colisión de deberes (cuando se comete un ilícito para evitar un mal propio o ajeno más grave, siempre que no haya otro medio menos perjudicial) ya que se trató de aprehender delincuentes muy peligrosos buscados por la justicia estadounidense que se refugiaban en un país cuyas autoridades están imputadas como presuntos autores o cómplices de dichos crímenes. Tengamos en cuenta que para una gran mayoría de países democráticos (EEUU, Canadá, la UE, Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, etc.) el presidente Maduro es ilegitimo por haber violentado el resultado de las últimas elecciones generales. No así, para otros pocos países autocráticos o democracias imperfectas (China, Rusia, Irán, Turquía, Nicaragua, Cuba). Asimismo, es un presunto delincuente por los múltiples indicios racionales recogidos por la Fiscalía de NY que lo presentan como cabecilla de un grupo de malhechores que utiliza el Estado para cometer delitos de “conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas”. Sin olvidar que despoja de sus derechos civiles y políticos a la mayoría de la población venezolana. Esta justificación no se sustenta porque no se constata que el mal causado (por los detenidos) sea inminente y no existir otros medios mas suaves para evitar el peligro.

Consecuentemente, ningún país adherido a la Carta de NNUU puede por su cuenta y riesgo atacar a otro sin mediar legítima defensa de ataque armado, ni siquiera con un objetivo justo, porque vulnera el derecho internacional público. Entonces, ¿como podría actuarse legalmente contra delincuentes que controlan un país, apoyan el narcotráfico y el terrorismo internacional y someten a su pueblo a una brutal dictadura que les arrebata sus derechos humanos reconocidos por la ONU? Para contestar esta pregunta se hace necesario conocer el origen, naturaleza y exégesis del actual derecho internacional público.

Continuará…

04/02/2026

No hay derecho (II): Consejo de Inseguridad

Manuel Castro Zotano

General retirado

Decíamos en el artículo anterior que ningún país adherido a la Carta de NNUU puede por su cuenta y riesgo atacar a otro ni siquiera con un objetivo justo porque vulnera el derecho internacional público, si no media legítima defensa ante un ataque armado (que está claro no sucedió en el caso de de la extracción del presidente Maduro en Venezuela). Entonces, ¿como podría actuarse legalmente contra delincuentes que controlan un país, apoyan el narcotráfico y el terrorismo internacional y someten a su pueblo a una brutal dictadura que les arrebata sus derechos humanos reconocidos por la ONU? Para contestar esta pregunta se hace necesario conocer la naturaleza y exégesis del actual derecho internacional público.

Desde un punto de vista teórico, el Derecho Internacional Público regula las relaciones entre Estados soberanos y otros sujetos internacionales (organizaciones, etc.) para fomentar la paz y cooperación. Entre sus objetivos están temas de interés común tales como las fronteras, conflictos armados, derechos humanos, comercio y medio ambiente. Se fundamenta en que un grupo mayoritario de PAÍSES soberanos, en pie de igualdad, deciden acatar un ordenamiento basado en ACUERDOS, con un ÓRGANO que los representa actuando como el principal foro para su desarrollo, codificación y aplicación y un poder de COERCIÓN limitado.

¿Es tal la naturaleza del actual derecho internacional público?, Comparémoslos y veamos sus deferencias, si es que existen. Previamente, hay que tener en cuenta que la ONU es el pilar básico del derecho internacional público moderno. Los tratados en los que se basa este derecho son, fundamentalmente, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y los denominados pactos internacionales de derechos humanos (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados en diciembre de 1976). Además, incluye numerosos tratados  sobre derechos humanos, derecho humanitario, desarme, medioambiente y lucha contra el terrorismo, que los miembros de la ONU aceptan en su mayoría. En cuanto a la Carta de NNUU, está suscrita por los 193 países que en la actualidad conforman la ONU, en cambio, el Pacto de Derechos Civiles, solo lo ratificaron 175 (5 más lo firmaron últimamente) y el de Derechos Económicos… solo lo ratificaron 173).

Dicho lo anterior, me voy a fijar en algunas características del derecho internacional público teórico para ver como funcionan en la práctica. Comencemos por el de la IGUALDAD de los Estados. Mientras en la retorica de la Carta y otros documentos de la ONU se hace mucho hincapié en este precepto, la realidad es bien distinta. Veamos como se gestó: En 1943 , en plena II GM, se firmó por 26 países la Declaración sobre las NNUU que “promovía la cooperación internacional, la autodeterminación de los pueblos, la libertad de comercio y la renuncia al expansionismo territorial”. La organización de NNUU, con 51 miembros entró en funcionamiento en octubre de 1945. En la actualidad cuenta con 193 países miembros.

Pero ya desde la Conferencia de Yalta (en febrero de 1945), las grandes potencias vencedoras de la IIGM consideraron que, con la experiencia adquirida por la anterior Sociedad de Naciones ahora sustituida por la ONU, deberían crear un instrumento legal para vigilarse mutuamente y controlar el resto de países menores, especialmente en asuntos tan delicados como los relativos a la paz y seguridad internacionales. Dispusieron que el Consejo de Seguridad de la ONU estuviera constituido por once miembros (hasta 1965, en que se amplió hasta quince), de los que cinco fueran permanentes (EEUU, URSS, Francia, Gran Bretaña y República China). Estos últimos con capacidad de ejercer el derecho de veto de cualquier resolución “sustantiva” (no de procedimiento) aunque tuvieran apoyo mayoritario de otros países miembros. No lo dice explícitamente la Carta pero cualquier resolución necesita para ser aprobada "los votos concurrentes de los miembros permanentes". Si falta alguno, se acabó el asunto. Este privilegio sustantivo de las cinco potencias se refería a asuntos tan importantes como:

• Despliegues en misiones de paz.

• Mediación en conflictos.

• Imposición de sanciones (económicas, embargos de armas, acciones militares, detener agresiones, etc.).

• Desarme.

• Protección de derechos humanos.

Desde la creación de la ONU hasta nuestros días se ha usado el veto con profusión, especialmente, por las dos grandes potencias globales del grupo permanente (desde 1946 hasta 2017, se ha utilizado 241 veces, de las cuales Rusia lo hizo en el 44% de los casos y EEUU en el 32%). En muchas ocasiones, alguna o algunas de las potencias del grupo permanente no han tenido necesidad de recurrir al veto para conseguir sus objetivos, les bastó con que la resolución que se tratara no la aprobara la mayoría requerida de países del Consejo de Seguridad (nueve votos) para que quedara sin efecto. Tampoco los componentes del grupo permanente han respetado en numerosas ocasiones la obligación (recogida en la Carta) que tienen de no constituirse en “juez y parte” participando activamente en asuntos en que estuvieran directamente implicados.

Esta facultad exclusiva de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido y Francia) para bloquear cualquier resolución sustantiva con un solo voto negativo, ha conseguido paralizar la respuesta de la ONU en crisis internacionales importantes, como los actuales conflictos de Gaza o Ucrania. Otras veces, la mera amenaza de veto ha tenido las mismas consecuencias.

Vistos los antecedentes cabe preguntarse: ¿dónde queda el principio de IGUALDAD de los países del derecho internacional público si cinco estados miembros, los que constituyen el grupo permanente del Consejo de Seguridad, pueden vetar los acuerdos y resoluciones relacionados con la paz y seguridad internacional, incluso, convirtiéndose en “juez y parte” cuando les afecte directamente? Está claro que son las cinco potencias vencedoras de la IIGM y, especialmente, Estados Unidos y Rusia, potencias globales y nucleares masivas, las que han utilizado este privilegio del veto a las NNUU (o incluso ignorándolas) para conseguir sus intereses o de sus aliados pasando, en muchas ocasiones, por encima de la voluntad del resto de países.

Ya con esto estaríamos en condiciones de descalificar el derecho internacional público por su inoperancia para conseguir los objetivos previstos de un orden internacional justo basado en reglas. Pero no queda ahí la cuestión.

Continuará...

12/02/2026

No hay derecho (III): Democracia para autócratas

Manuel Castro Zotano

General retirado

El proceso que estamos siguiendo para determinar si hay algún desajuste entre la teoría y la praxis del Derecho Internacional Público (DIP) lo hemos emprendido analizando las características esenciales del mismo. En la primera de ellas, la IGUALDAD de la naciones, concluimos que hay un privilegio de poder de decisión en beneficio de las cinco potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña), vencedoras de la IIGM, por su derecho de veto. Esto. Sin duda, debilita la eficacia del Derecho Internacional Público.

Ahora nos fijaremos en la segunda característica: un ORDENAMIENTO jurídico aceptado por todas las naciones que integran las NNUU. Como sabemos, los dos tratados fundamentales por los que se rige el DIP son, fundamentalmente, la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay, también, un conjunto de disposiciones referentes a derechos humanos, derecho humanitario, desarme, medioambiente, lucha contra el terrorismo, etc. Ese acervo se va ampliando con resoluciones para casos concretos que generan distintos organismos de la ONU como el Consejo de Seguridad (sus resoluciones son de obligado cumplimiento para todos los países), la Asamblea (generalmente, recomendaciones), la Corte Internacional de Justicia (sentencias), etc. Como resulta obvio en las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden ejercer el veto los miembros permanentes.

Aunque el DIP está pensado para las relaciones entre Estados soberanos, también incluye legislación para la persona como el Pacto Internacional de de los Derechos Civiles y Políticos y otros varios de DDHH. Este Pacto ha sido firmado por la gran mayoría de los países de la ONU (92%). Asimismo, forma parte del ordenamiento internacional el Estatuto de Roma (fundado por la Corte Penal Internacional en 1998 para juzgar a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y agresión. Actualmente, han ratificado este Acuerdo 125 países de los 193 que integran la ONU).

Cuando manejamos estos datos numéricos hay que tener en cuenta, a titulo orientativo, que según el Economist Intilligence Unit que estudia anualmente el estado de la democracia en el mundo, de los 167 países estructurados que forman parte de la ONU, 24 son democracias plenas; 47, son democracias deficientes y entre híbridos y autocracias hay 96. Es decir, que respeten los derechos civiles y políticos de su pueblo en su totalidad sólo hay en la ONU un 14% de países; otro 28% son democracias deficientes que respetan la mayoría de ellos; pero un 58% violan severamente las libertades civiles y políticas. Otro ejemplo sangrante: entre los miembros elegidos por la propia Asamblea de la ONU para formar el Consejo de Derechos Humanos (órgano subsidiario de la Asamblea que emite resoluciones y disposiciones) están países como China (esta recibió nada menos que 176 votos en la ultima votación), Cuba, Rusia, Venezuela, Vietnam, India, países árabes, etc. ¿Qué credibilidad en cuanto a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos puede tener la ONU, cuando una gran mayoría de países que violan severamente las libertades civiles y políticas de sus propios pueblos son los se encargan de garantizarlos internacionalmente?

Ocurre que esta mayoría de países no democráticos o decididamente dictaduras condiciona muchísimo, por no decir bloquea las NNUU para llegar a acuerdos que promuevan libertades democráticas, derechos individuales o normas internas que buscan mayor transparencia o rendición de cuentas.

La conclusión es obvia, el Ordenamiento del Derecho Internacional Público, resta credibilidad a la ONU y presenta carencias significativas en valores democráticos.

Demos un rápido vistazo a la COERCIÓN en el Derecho Internacional Público. Por definición, en este tipo de derecho, es descentralizada, consecuencia de que no existe una fuerza policial supranacional (la Interpol no lo es). La medidas coercitivas que adopta la ONU para castigar conductas delictivas de uno o varios países pueden ser no militares (sanciones económicas, comerciales, financieras, restricciones de viaje, diplomáticas, e incluso, embargo de armas, etc) o militares (empleo de la fuerza para restablecer la situación de seguridad previa o las de imposición de la paz). Aunque el Consejo de Seguridad las aprueba, corresponde a los Estados miembros aplicar e implementar estas sanciones a nivel nacional. Como puede suponerse, en un Consejo de Seguridad dominado por el grupo permanente de grandes potencias la coerción solo se aplica cuando esas grandes potencias están de acuerdo aunque sea contra la voluntad de la mayoría de los países.

Otros órganos sancionadores con que cuenta el DIP son la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. El primero de ellos, como órgano judicial principal de la ONU, resuelve disputas entre Estados (fronteras, soberanía territorial, derecho del mar, uso de la fuerza, relaciones diplomáticas y violaciones de tratados internacionales) y emite opiniones consultivas para la ONU. Sus sentencias son vinculantes, definitivas e inapelables (no así sus opiniones consultivas). Las cumplen los Estados involucrados. Como el Consejo de Seguridad puede intervenir para adoptar medidas sobre ellas (cuando se refiere a asuntos de su competencia), también están sujetas a su derecho de veto.

Por su parte, la Corte Penal Internacional, que no depende de la ONU aunque tiene un acuerdo de cooperación con ella, juzga a los individuos, no los Estados, sobre los cuatro crímenes mas graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión). Depende de la voluntad de los Estados para el arresto, traslado y custodia de los condenados.

Dadas Las deficiencias que hemos detectado en este somero estudio sobre la praxis del Derecho Internacional Público no es de extrañar que se dude de la eficacia de la ONU para resolver conflictos internacionales. Hay que constatar que desde su fundación hasta nuestros días se han producido grandes fracasos de la ONU en la resolución de conflictos, crisis humanitarias o genocidios. Entre las causas de estos fiascos podríamos citar: derecho de veto de las grandes potencias, reticencias de los países miembros a participar con sus medios y condiciones restrictivas de su uso, problemas estructurales ( exceso de burocracia, falta de agilidad en la toma de decisiones, riesgo de colapso financiero inminente por el impago de cuotas de los Estados miembros -EEUU costea el 25% del total-). En las misiones de paz hay, en general, mandatos no ajustados a la realidad por defecto, estructura de fuerzas inadecuadas a la misión, fuerzas militares y civiles de la ONU de escasa profesionalidad, pertenecientes, en algunos casos, a países no democráticos o poco desarrollados, falta de sistemas de mando y control, insuficiencia de los mecanismos de alerta temprana, etc.

Entre los grandes fracasos podríamos citar:

• Genocidios de Ruanda (1994) o Sbrenica (1955) que no pudo evitar, pese a tener fuerzas internacionales sobre el terreno (UNAMIR y UNPROFOR, respectivamente), como consecuencia de la tardanza en actuar de la ONU.

• Crisis humanitarias: en Yemen (desde 2015), con millones de personas en riesgo de hambruna, exacerbada por la falta de fondos y el bloqueo de ayuda. Hambruna en Gaza (2023-2025) o en Sudán en la actualidad.

• Bloqueo del Consejo de Seguridad por el del derecho de veto de los miembros permanentes: p.e. Rusia contra la resolución que la condenaba en 1956 cuando (siendo la URSS) invadió Hungría o cuando invadió Ucrania en 2022. EEUU ha bloqueado también numerosas resoluciones contra Israel por el conflictivo Palestino (resoluciones de alto el fuego o ayuda a Gaza), etc.

• Papel limitado de la ONU en determinados conflictos, debido al uso o la amenaza del veto de las potencias en conflictos en los que están implicadas, p.e., en Argelia (1954-1962,), Suez (1956), Hungría (1956), Vietnam (1946-75) la guerra sino-vietnamita (1979), Afganistán (1979-88), Panamá (1989), IraK (2003), Georgia (2008) y Ucrania.

• Misiones de paz ineficaces:  largos mandatos y altos costos, como MONUSCO en la República Democrática del Congo (desde 2010) o FINUL en Líbano (desde 1978).

• Y un largo etc.

Podemos concluir que hay razones de peso para desconfiar del derecho internacional público y de la credibilidad y eficacia de la ONU. Pero ¿la visión es tan negra?,

Continuará…

21/02/2026

No hay derecho (IV): El envés del derecho

Manuel Castro Zotano

General retirado

Hemos visto que el Derecho Internacional (Público y el Humanitario) como ordenamiento jurídico de la Comunidad Internacional es bastante completo en lo que se refiere a la paz, a la seguridad y a los derechos humanos (aunque con algunas carencias u obsolescencias propias de los tiempos que corren). Asimismo, que el principal organismo que lo pone en práctica, la ONU, tiene unos defectos conceptuales y estructurales importantes que han conducido en bastantes casos a terribles fracasos. Sin embargo, no se puede poner en duda que ha logrado el primer objetivo fijado cuando se creó: evitar una tercera guerra mundial. Los escépticos dirán ¿qué han hecho las NNUU para conseguirlo? La contestación es obvia: proporcionar un instrumento permanente de dialogo entre las grandes potencias. El hecho que las delegaciones de las mismas tuvieran un foro estable para sus consultas han hecho posible, en muchos casos, si no el entendimiento, si el conocimiento de los mutuos intereses, especialmente, de las dos grandes potencias (EEUU y la URSS, ahora Rusia). También, en algunos casos, ha facilitado la mediación de autoridades de la ONU como sucedió con el Secretario General durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962 (la URSS retiró sus misiles nucleares de la isla a cambio de que EEUU. prometiera no invadir Cuba y desmantelara sus propios misiles en Turquía).

Aunque los fracasos han sido bastantes y algunos muy graves con el resultado de catástrofes humanitarias o crímenes contra la humanidad, también ha tenido éxitos innegables en:

• Repeler agresiones militares para restablecer la paz, como sucedió con la Guerra de Corea (1950-1953), al poner en funcionamiento una coalición militar internacional que sentó un precedente de defensa colectiva. Pudo llevarse a cabo porque  la URSS abandonó las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU desde enero de 1950 como protesta por el hecho de que la "China nacionalista" (Taiwán) ocupaba el asiento permanente y no la República Popular China comunista, evitándose así el veto a la resolución de NNUU.

• Gestión de situaciones de crisis, como la del Canal de Suez en 1956 en que se organizó una fuerza internacional de paz para supervisar la retirada de tropas británicas, francesas e israelíes, demostrando su capacidad de mediación. Una parte muy importante del éxito hay que otorgárselo a las dos grandes potencias por su rotunda condena y enorme presión sobre los países que iniciaron el conflicto. Fue la primera vez en que se desplegó una fuerza militar internacional en una misión de paz (UNEF).

• Procesos de descolonización: desde 1945, la ONU facilitó la independencia de más de 80 antiguas colonias, un éxito fundamental en la prevención de conflictos a gran escala.

• Misiones de paz:  las operaciones de los "cascos azules" han sido clave en la transición a la democracia y el fin de guerras civiles en Namibia, El Salvador (1992-1995), Mozambique (1992-1994) y Liberia. También en Kosovo y Bosnia en lo que se refiere lal ayuda humanitaria y la estabilización, aunque fracasó estrepitosamente en la prevención y detención del genocidio de Sbrenica..

• Timor-Leste: la misión de la ONU facilitó la transición a la independencia y la consolidación democrática tras la ocupación indonesia..

• etc.

De todos modos, si se quiere que la ONU se transforme en un órgano eficaz habría que corregir sus disfunciones y adecuarla al mundo moderno, bien distinto, del que surgió de la IIGM. Este nuevo mundo se caracteriza, entre otras cosas, por el cambio en la distribución del poder global desde la bipolaridad a la multipolaridad (ademas de las dos grandes potencias mundiales, el ascenso de China como una más de ellas. Emergencia de otros actores -países como los BRICS+ u organizaciones multinacionales como la UE- que piden su sitio en la gobernanza de las instituciones internacionales). Paso de la guerra fría a una tensión geopolítica difusa y compleja donde se producen numerosos conflictos muchos de ellos híbridos y proxis. Nuevos actores no gubernamentales con gran poder de desestabilización del orden internacional (terrorismo, narcotráfico, etc,).

Las grandes potencias tienden a aumentar su zona de influencia en busca de recursos claves y se producen fricciones entre ellas que dirimen en guerras regionales con países interpuestos. Asimismo, por su cuenta y riesgo, intervienen militarmente invocando la legítima defensa ante amenazas que ellos mismos valoran, cuando en derecho, correspondería al Consejo de Seguridad determinarlo. No lo plantean en dicho foro porque sus adversarios políticos que son miembros permanentes vetarían cualquier resolución al respecto.

Por otra parte, en un mundo en que el 89.6% la población vive en países autocráticos o democracias imperfectas con restricciones en muchos casos severas de los derechos humanos, resulta muy difícil aplicar por la fuerza el Derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo, la protección de la población de un país de su propio Gobierno (como se recoge en el Acuerdo de Responsabilidad de Proteger, aprobado por la Cumbre Mundial de Presidentes de Estado y de Gobierno en 2005 y también lo contemplaba con otra tipificación el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002). Pues bien, esas intervenciones no las aprobaría la ONU porque en el Consejo de Seguridad alguno de los miembros permanentes las vetaría (Rusia o China, protectores de todas las dictaduras y tiranías de países afines políticamente que es donde se producen la mayoría de esas conductas criminales contra los derechos humanos).

¿Ha habido intentos para reformar la ONU y adaptarla a los distintos cambios geopolíticos operados en el mundo desde su fundación en 1945?

Continuará…

16/04/2026

No hay derecho (V): Aliado leal no sumiso

Manuel Castro Zotano

General retirado

¿Ha tratado la ONU de reformarse para adecuarse a los cambios geopolíticos y a sus propias disfunciones? Desde 1945 en que entró en vigor la Carta de NNUU solo se han producido tres reformas: en 1965 (aumentar el numero de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y del ECOSOC), en 1968 (adaptar las votaciones al nuevo numero de miembros no permanentes) y en 1973 (aumentar el numero de miembros del ECOSOC).

A partir de la caida de la URSS en la década de los noventa la Organización se hizo eco de las propuestas de reforma del Consejo de Seguridad (tamaño, categoría de los miembros, poder de veto, representación regional y nuevos métodos de trabajo) que se plasmaron en varios grupos de trabajo que no condujeron a ningún fin.

En 2024, tras la invasión de Ucrania por Rusia, se han vuelto a revitalizar los grupos de trabajo en la ONU, dándoles prioridad con el Pacto del Futuro.

¿Cuál es el problema para que hayan fracasado hasta ahora las reformas? Simple y llanamente por el derecho de veto de las cinco grandes potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña). El procedimiento de cambio de la la Carta de la ONU, donde se consagra ese privilegio, pasa por tener los dos tercios de votos favorables de los Estados miembros, incluyendo todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y en este segunda condición es donde está el quid de la cuestión. Como es comprensible los cinco países miembros permanentes (de los cuales tres son democracias y dos son dictaduras) no desean quitarse a sí mismos este privilegio y tampoco quieren aumentar el numero de países que lo tengan como miembros permanentes (arguyen que si es difícil llegar a acuerdos entre las cinco potencias actuales, más lo sería si aumentaran el numero de ellas con derecho a veto). También hay que comprender que la gran mayoría de países que forman la ONU son dictaduras, en muchos casos de izquierda que, de no existir el derecho de veto de los miembros permanentes, ganarían todas las votaciones para la gobernanza de las instituciones internacionales.

Todo lo mas que se ha conseguido es que los países de la ONU acepten la Iniciativa Liechtenstein (2024) que tras el ejercicio de veto de alguno de los cinco permanentes tiene que dar explicaciones en la Asamblea.

Como ha quedado puesto de manifiesto la ONU, como organismo que pone en práctica el Derecho Internacional (Público y el Humanitario) tiene escasa credibilidad y eficacia en asuntos de calado para prevenir o detener guerras o intervención militar en países soberanos para restituir los derechos humanos, debido al veto de las grandes potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad a las iniciativas o resoluciones de sus adversarios políticos que les afecten a ellos o a sus aliados. Desde la creación de la ONU la potencia que más ha vetado resoluciones ha sido Rusia (anteriormente la URSS) primero para evitar la entrada de ciertos países en la ONU, después contra resoluciones de EEUU por asuntos de su interés o de sus aliados. A continuación, le sigue EEUU que hace lo mismo con los suyos ( en los últimos años ha vetado 51 veces condenas Israel). China, en principio, utilizó el procedimiento de abstenerse a menos que el asunto fuera de su interés. desde que constituyó con Rusia la Asociación Estratégica en 2001 acostumbra a vetar lo que veta Rusia.

En este estado de cosas ¿es correcto el reclamo del Derecho Internacional (Público o Humanitario) por parte de algunas naciones cuando sucede una crisis? No deja de ser una hipocresía porque saben perfectamente que dicho derecho lo manipulan las grandes potencias cuando están en juego sus intereses o los de sus aliados. No hay mas que ver las ultimas crisis (la invasión de Ucrania en 2022 o la actual participación de EEUU en la guerra irano-israelí en favor de su aliado, que se han hecho al margen de la ONU sin que esta pueda ni siquiera condenar los hechos.

Como no es posible cambiar el privilegio del derecho de veto de los miembros permanentes, y tampoco es posible convertir en democracias ejemplares a la mayoría de países autocráticos que componen la ONU, conformémonos con que siga existiendo este organismo como foro donde las naciones puedan dialogar (mejor poner mesas de negociación entre ellas que alambradas), mejorarlo en lo que se pueda para adaptarse a los nuevos tiempos. Por nuestra parte, me refiero a Europa, que despliegue todas sus energías en un rearme mental y militar (dentro de la OTAN, organización defensiva estructurada y desplegada convenientemente) para estar en condiciones de defender su territorio autónomamente en una guerra convencional moderna de cualquier enemigo. La disuasión nuclear ya la proporciona EEUU, incrementada en la de países como Francia o Gran Bretaña. Logrado eso será mas fácil tratar con el amigo americano para que cuando defienda sus intereses mediante acciones militares que puedan afectar a nuestra seguridad o economía, si no recurre a la ONU para legalizar su actuación, al menos que nos consulte previamente y acepte nuestras condiciones.

16/03/2026