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Ceuta, bastión de España
(9) Ultima ratio regis
Manuel Castro Zotano
General retirado
El empleo de las FAS en las situaciones distintas del Estado de sitio, para “preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos” (Ley de Defensa Nacional 5/2005, Artº 15.3), está sujeto muchas restricciones políticas y legales que concretan las circunstancias y los límites en el uso de la fuerza contra agresores no militares. Esta misión general la comparte el Instituto Armado con otras Instituciones del Estado y Administraciones públicas. Aunque recalca la ley que esta colaboración tiene un carácter “subsidiario” (después de la actuación de los organismos y órganos civiles) o “complementario” (a la vez que ellos).
Salvo en el Estado de Sitio, el Gobierno (autoridad civil) ordena la activación o despliegue del Ejército para esta misión, pero la planificación, conducción y ejecución de las operaciones corresponden en exclusiva a la estructura operativa militar. En el caso de la avalancha de emigrantes a Ceuta esta estructura la constituye el JEMAD, el Mando de Operaciones, el Mando Operativo Terrestre y la Comandancia General de Ceuta. Las necesidades militares no previstas en el planeamiento inicial que se vayan presentando al Mando Unico o Autoridad Funcional en Ceuta serán atendidas por el Mando Operativo Terrestre (o la Comandancia General según la distribución de funciones) que las transformará en órdenes de operaciones.
En el Artículo 16 de la referida Ley, la misión general encomendada se lleva a cabo mediante operaciones militares de disuasión, vigilancia terrestre, apoyo a las FCSE (Fuerzas y Cueroio de Seguridad del Estado) y colaboración con otras Administraciones públicas . A su vez estas operaciones se desglosan en cometidos a las Unidades militares que intervienen:
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Vigilancia y presencia disuasoria: los efectivos militares colaboran en la seguridad perimetral y el control de accesos junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en planes multidominio que combinan la artillería de costa, guerra electrónica, drones y misiles para salvaguardar estos puntos de importancia vital. Asimismo, coopera con el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) que monitoriza tanto el perímetro terrestre como las aguas territoriales que rodean la península de Ceuta (bahía norte y bahía sur).
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Proteccion de infraestructuras críticas: El Ejército protege en el caso de Ceuta instalaciones esenciales como el puerto, las redes de suministro de agua y electricidad, las telecomunicaciones, los depósitos de combustible y las instalaciones sanitarias.
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Apoyo logístico: instalación y construccion de campamentos temporales, zonas de alojamiento y despliegue de infraestructuras de emergencia, etc.
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Asistencia sanitaria: deslliegue de hospitales de campaña, apoyo con personal medico militar,asistencia sanitaria en general en zonas de llegada, etc.
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Transpote y movilidad: traslado masivos depersonal y matrial de emergencia.
El problema que se suscita es que en la ejecución por pequeñas unidades militares de los cometidos, especialmente de los grupos a) y b), se producen confrontaciones con grupos de emigrantes irregulares que se niegan a cumplimentar las ordenes de las Autoridades competentes y actúan agresivamente (lanzamiento de piedras, ataques con cuchillos, cocteles o bolsas incendiarias, etc.). Según los protocolos disponibles ante ese tipo de situaciones, los militares deben replegarse para ceder la primera línea a las unidades antidisturbios de la Guardia Civil (ARS) o del Cuerpo Nacional de Policía (UIP). Pero la realidad es que la mayoría de estas agresiones se han producido cuando pequeñas Unidades militares actuaban en solitario por la escasez de medios policiales. En esos casos, se pone de manifiesto la falta de protección del militar en los aspectos físico y jurídico. En lo físico, se les prohibió en principio llevar munición en su arma reglamentaria contando para defenderse solo con material antidisturbios básico (cascos con visera, chalecos antibalas con protección contra cortes e impactos, defensas -porras- y extintores portátiles en los vehículos para mitigar posibles ataques con objetos incendiarios o ácidos). Posteriormente y dado la gravedad de los ataques sufridos, se autorizó a uno por patrullla (de cuatro o cinco hombres) llevar munición para su arma reglamentaria como autodefensa en situaciones críticas (cargador puesto). Por último, se le han dotado de esprays de gas pimienta de gran capacidad como medida intermedia no letal de autodefensa.
Respecto a la seguridad jurídica, al no tener el militar que participa en una operación como esta el carácter de “agente de la autoridad”, solo la de “funcionario público en el ejercicio de las funciones de sus cargos”(Artículos 24.2, 550.1, 554 del Código Penal), carece de capacidad de detener (solo puede retener caso de delito fragante), registrar, sancionar o coaccionar a un ciudadano comúm. Tampoco tiene presunción de veracidad, ni mayor seguridad jurídica ante denuncias y reclamaciones. La cuestión estriba en que para darles el carácter de agente de la autoridad habría que cambiar la ley existente (en el Congreso no está el horno para bollos) o hacerlo introduciendo el cambio en el RD de establecimiento del Estado de Alarma o Excepción. En el Estado de Sitio, no habría problema.
En otro orden de cosas, observo graves carencias de conocimiento por parte de algunas de nuestras Autoridades en lo que a disuasión militar se refiere. La teoria, dicha de forma suscinta, es la siguiente: “La disuasión que proporciona un ejército es una estrategia psicológica y militar cuyo objetivo principal es evitar que un adversario inicie una agresión o un ataque. No consiste en ganar una guerra, sino en convencer al enemigo de que el coste de atacarte será muy superior al beneficio que podría obtener, haciendo que la opción del conflicto sea completamente inviable o irracional para él”. Se ejerce a través de dos mecanismos fundamentales: por denegación (o resistencia) o por represalia (o castigo). Para que sea efectiva el ejército y el Estado deben conjugar tres elementos clave: Capacidad (poder real), Credibilidad (la voluntad político-militar de emplear ese poder) y Comunicación (un mensaje claro al adversario)”.
Un ejército que se deja zarandear, apedrear, acuchillar o ser victima de cocteles o bolsas incendiarias por un grupo de delincuentes civiles agresivos, es un ejército que ha perdido totalmente su capacidad de disuasión no sólo ante el conjunto del colectivo del que proceden los agresores, sino ante el ejército adversario que piensa que si no tiene voluntad (él o su país) de defenderse de malhechores, en menor medida la tendrá de hacerlo de un ejercito organizado como el marroquí. Esto altera drásticamente el equilibrio de poder y multiplica la inestabilidad. Con seguridad, acelerará los planes de Marruecos de elevar el nivel de las acciones híbridas y multiplicará los incidentes entre unidades militares y grupos agresivos.
Para evitar este desatino, el Mando Operativo debe asesorar con precisión al Mando Unico (civil) sobre las capacidades y limitaciones de las Unidades participantes en la operación en el cumplimiento de las misiones asignadas. En primer lugar, empleándo al ejercito como tal (no como una pseudounidad antidisturbios para lo que no está preparado ni equipado, ni debe de estarlo) y segundo, evitando actuar en solitario (sin la presencia de elementos de las FCSE) en situaciones de probable confrontación con civiles agresivos. Para casos en que la Unidad militar se enfrenta a ese peligro en solitario, tiene que ajustar su conducta a lo que disponen las ROE,s que les ordena el MINISDEF. En ellas, se autoriza la autodefensa, permitiendo el uso de armas de fuego reglamentarias, exclusivamente, en casos de legitima defensa ante ataque directos y violentos contra las patrullas (lanzamiento de piedras o liquidos corrosivos). En cambio, limita el uso del armamento a uno por patrulla y los dota de maetrial antidisturbio, privando al soldado de la disuasión que representa para el agresor verlo armado y con decisión. Por último, autoriza el empleo del gas pimienta de alcance reducido sobre un agresor que tiene que estar muy próximo (unos cuatro metros). A mi, militar profesional, curtido en operaciones dentro y fuera del Territorio Nacional me resulta indignante ver a un legionario sin su arma reglamentaria sustituida por una porra enfrentándose a energúmenos (por cierto, algunas organizaciones humanitarias (?) filoterroristas y comunistas que apoyan a grupos politicos y paises genocidas con su pueblo, estan difundiendo videos de soldados golpeando emigrantes, pero no en la secuencia completa, solo en la respuesta del militar olvidándose de la causa primera que se produce cuandola el militar sufre el ataque. Estoy esperando que el Gobierno salga en tromba en defensa del soldado que se está jugando la vida por su pueblo). Las autoridades civiles y militares tendrían que tener en cuenta que las ROEs (Reglas de Enfrentamiento) son muy necesarias para concretan las circunstancias y los límites en el uso de la fuerza contra agresores no militares y tienen que estar basadas en la legislación vigente (nacional, Derecho Internacional Humanitario, la OTAN, etc.), pero no se le pueden recortar los derechos que esa legislación otorgan al soldado (reducir su capacidad de autodefensa al prohibirle portar su arma reglamentaria cargada). Hay muchos sistemas para graduar el uso de la fuerza como la presencia armada, advertencias verbales, advertencias físicas, disparos de advertencia, etc., manteniendo siempre el adversario a distancia dotando a las Unidades de muicion alternativa y armas no letales lanzables.
Considero que, tras mueve artículos sobre el problema de Ceuta en el que hemos expuesto antecedentes de orden jurídico, histórico, político, económico, psocológico y militares, ya estamos en condiciones de poner en práctica el método de la Revisión Después de la Acción para extrer lecciones aprendidas con que resolver eficazmente futuros problemas de orden similar.
30/09/2026
OCHO PRIMEROS ARTÍCULOS DE LA MINISERIE
publicados en la anterior entrega
(1) Irresponsabilidad criminal
Ceuta, bastión de España
(1) Irresponsabilidad criminal
Manuel Castro Zotano
General retirado
“Aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses..”(García Lorca)
Sí, pero cada vez que se repite una catástrofe o un ataque a la integridad territorial utilizando flujos de emigrantes ilegales y se resuelve mal, se multiplican las bajas y daños con relación a la anterior. En el precedente de 2021 (desencadenada por el tratamiento médico en el hospital de la Rioja del Jefe del Polisario) las autoridades marroquíes permitieron, en represalia, el paso masivo de emigrantes hacia España por la ciudad de Ceuta. Fueron unos 10.000 los que penetraron en territorio español y hubo que lamentar dos muertos. Tras un tímido y pactado rifirrafe diplomático del Gobierno español con Marruecos se procedió a la devolución en caliente de los mayores de edad y a repartir entre CCAA a unos 436 MENAS. Ahora, cinco años después, la invasión es de una entidad ocho veces superior, 80.000 migrantes y los muertos, por ahora, 142. Tras los contactos de ambos gobiernos se ha permitido el retorno voluntario a Marruecos de unos 69.500 asaltantes ilegales de la frontera del Tarajal. Se estima que permanecen en la ciudad de Ceuta entre 10.000 y 15.000 (el número aumenta por momentos) que serán devueltos por el procedimiento habitual de los Acuerdos con Marruecos de 1992 y 2007 que regulan, entre otros supuestos, la readmisión de personas en situación irregular y la protección de menores no acompañados, así como, nuestra Ley de Extranjería. Entre este grupo de emigrantes se ocultan algunos terroristas islámicos, así como, un numero indeterminado de delincuentes indultados por el Monarca marroquí durante las Fiestas del Trono).
Aquí empieza el primer problema político: la guerra de cifras. Los dos organismos que proporcionan la información sobre los que entraron ilegalmente, los que se volvieron voluntariamente y los que todavía continúan en la ciudad de Ceuta (dispersos o controlados), son, fundamentalmente el delegado del Gobierno y el presidente de la CA. El primero de ellos, como representante del Gobierno central, trata de minimizar las cifras, como si al reducirlas se diluyera su responsabilidad o la del Ejecutivo de quien depende en la nefasta resolución del problema. Por su parte, el presidente de Ceuta, maximiza los números para exigir el retorno a Marruecos de los emigrantes que continúan en la ciudad, un refuerzo de los servicios de emergencia y control, mayor número de agentes de seguridad, la permanencia del Ejército y declaración de emergencia de interés nacional con un mando único estatal.
Hay que resaltar la “peligrosidad” de la guerra de cifras que ya, en los primeros momentos, se ha llevado por delante a una funcionaria responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional , cesada por difundir datos del Ministerio del Interior sobre la entrada masiva de inmigrantes (49.000) en la ciudad autónoma en la web oficial del organismo. Estamos en condiciones de afirmar que esa fue la única decisión que tomo el Gobierno Central hasta bien producido el asalto.
...Y, como esto, todo: la DANA, los incendios forestales, los accidentes de trenes, los apagones, etc. Aquí no se tienen en cuenta la lecciones aprendidas para corregir errores, aquí lo que interesa, es ver cómo influyen estos hechos en la intención de voto del personal para forzarla, si fuera necesario, con un buen relato progresista.
Me propongo analizar los hechos probados para determinar posibles responsabilidades y extraer lecciones aprendidas (evitar errores, optimizar los métodos de trabajo y mejorar la toma de decisiones en futuros casos). Desde mi punto de vista, me interesa, también, proporcionar al lector interesado unos elementos de juicio en que fundamentar sus opiniones en un asunto de tanta trascendencia, por encima del ruido mediático y político.
Comencemos por los prolegómenos del asalto con las señales de alerta previas a la avalancha del 30 de julio de 2026, en Ceuta. En los primeros seis meses del año se detectó un repunte del 164% en entradas de emigrantes irregulares (el numero se disparó en el último mes). Así mismo, se identificaronj campañas masivas de desinformación en redes sociales para incentivar la migración irregular hacia Ceuta. Los mensajes claves se referían a falsos rumores sobre la apertura de fronteras, a la famosa sentencia de nuestro Tribunal Supremo que interpretaban como una invitación a saltársela por mar y a convocatorias de concentración y equipamiento para el cruce a nado de la frontera. Tampoco faltaron los avisos públicos de desbordamiento por parte de sindicatos policiales, de órganos de inteligencia (dependiente del Ministerio del Interior y del Estado) y del propio presidente autonómico (El presidente Sánchez tardó tres días en ponerse al teléfono directamente con el presidente de Ceuta tras ignorar las primeras llamadas de auxilio previo. Una vez consumada la entrada masiva, Sánchez se dejo ver, fugazmente, por Ceuta acompañado por el ministro del Interior). Pero la mas clara señal de alerta de lo que se estaba tramando fue la concentración multitudinaria de personal en Castillejos preparándose para asaltar la frontera por mar.
Me voy a detener de inicio en algo que para un militar tiene un importancia vital: la asunción de responsabilidades por el Mando en un escenario de peligro para la integridad del territorio nacional (como así definió el hecho el propio presidente del gobierno). En este sentido, me voy a referir a la confluencia de declaraciones, que no controversia, hecha pública entre el ministro del interior y la ministra de defensa por el tema de la información aportada por el CNI. El Sr. Marlasca ha negado que el Centro Nacional de Inteligencia emitiera advertencia alguna sobre una posible entrada masiva de inmigrantes como la que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio. Con relación a estas afirmaciones la ministra de Defensa, Margarita Robles, no defendió al CNI como era de esperar en un mando con un subordinado (el servicio de inteligencia está adscrito al MINISDEF), se limitó a ensalzar la labor que realiza el servicio para evitar conflicto entre ministerios (política, ¡puf!).
Imagínense la situación en Ceuta: a partir del día 22 de julio comienzan a llegar a Castillejos (pueblo marroquí situado a 3 kilómetros de la frontera del Tarajal y a 5,5 del Barrio del Príncipe en Ceuta) autobuses transportando a una mayoría de personal masculino en edad militar, consolidándose una multitud de unas 70.000 personas el día 28. Para conocer esto, no hacen falta grandes servicios de inteligencia porque el problema se puede seguir a simple vista desde Ceuta. Además los ceutíes pudieron enterarse de los detalles de la vida de esa multitud (que estaban comprando numerosos equipos para nadar en aguas abiertas) a través de los marroquíes que cruzan la frontera diariamente de forma autorizada, para vender sus productos o surtirse de otros. Resumiendo, que cualquier ceutí con dos dedos de frente sabía que aquella multitud no habían venido a otro asunto que a forzar la frontera por mar porque, entre otras cosas, lo clamaban descaradamente ellos mismos.
Según declaraciones del ministro Marlasca, si hubiera tenido información de que una multitud iba a cruzar, simplemente, “se habría conformado una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias". Esa información que el Ministro echaba de menos (porque no se la proporcionó el CNI según dijo), disponía de ella cualquier ceutí en el uso de sus facultades mentales.
Por mi parte, le voy a proponer otra lectura probable de los hechos: El CNI hizo su trabajo que es, en especial, el seguimiento de la formación y preparación logística de la multitud informando en tiempo real a sus superiores del servicio. Esto, junto con informaciones disponibles de otras fuentes, se transformó en informes, valoraciones y notas que fueron presentados por el mando técnico del servicio a su autoridad política, la secretario de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia. Esta, a su vez, los cursaría a los integrantes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (que coordina los distintos servicios de información e inteligencia del Estado), órgano también político. En alguno de esos dos extremos políticos de la cadena de comunicación (yo me inclino mas por el primero) al ver que la realidad pudiera perturbar el descanso del Presidente y, contando con la confianza ciega que el amigo marroquí solucionaría la situación, atenuaron, suavizaron y mitigaron los informes para que una situación de grave peligro para la seguridad nacional se transformara en una simple serpiente de verano.
¿Qué trascendencia pudiera haber tenido esta mixtificación de los informes? Sabemos que el ministro del Interior tiene la responsabilidad política, de dirección y de mando superior sobre la seguridad ciudadana, el control de extranjería y la vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del Estado. Esta responsabilidad no la puede eludir, como ha hecho el Sr. Marlasca descargándola en el CNI (un órgano adscrito al Ministerio de Defensa que le proporciona información) porque es una villanía impropia de una persona que ejerce el mando. Pero, además, cuando un mando político o cargo público genera un riesgo grave o deja de actuar ante una amenaza a la seguridad nacional, puede incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, dependiendo de la gravedad de su omisión y de las leyes aplicables de nuestro ordenamiento jurídico.
Para próximos artículos trataré de que, con una metodología adecuada, analizar lo que pasó y sigue passando en Ceuta, a fin de extraer lecciones aprendidas para amenazas futuras.
11/08/2026
(2) Amistades peligrosas
Ceuta, bastión de España
(2) Amistades peligrosas
Manuel Castro Zotano
General retirado
Como anuncié en el artículo anterior, me propongo extraer lecciones aprendidas del suceso ocurrido en Ceuta con la avalancha de emigrantes procedentes del vecino reino de Marruecos. Normalmente, para hacer un estudio de este tipo se utiliza el método denominado en términos militares como Juicio Crítico (en este tiempo tan delicado con las palabras y tan grosero con los hechos, la expresión, por su tufillo autoritario, viene siendo sustituida en ambientes militares por otra más neutra que emplea la OTAN, After Actión Review -AAR- traducida como el de Revisión después de la Acción). Se da por descontado que en un estudio como este hay que analizar dos aspectos fundamentales: la pertinencia del plan de seguridad (el grado en que su misión, objetivos y acciones y medios responden de manera adecuada a la solución del problema) y la evaluación del operativo en su ejecución.
Aquí, ya nos encontramos con el primer problema, no existe tal Plan de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla (sustituido por un conjunto deslavazado de órdenes e instrucciones, en muchos casos verbales -nunca por escrito de los órganos centrales con capacidad de darlas- y un refuerzo de Unidades con medios de quita y pon que no responden a las autenticas necesidades de seguridad. Ustedes se preguntarán ¿Cómo es posible que con el precedente de la avalancha migratoria de 2021 de la ciudad de Ceuta no se formulara un Plan de Seguridad para prevenir y actuar en futuras situaciones? En este caso particular y a toda prisa, se incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de ese año la necesidad de redactar los Planes de Seguridad Integral de ambas ciudades. Posteriormente, en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (2024), volvió a recogerse la exigencia de los citados planes y en el Informe Anual de Seguridad Nacional del año 2025, también se incluía. Por documentos internos del Gobierno se reconoce que no hay avances reales en el proyecto e, incluso, cuando la oposición ha tratado de activar la realización de esos planes mediante iniciativas parlamentarias, las ha rechazado. Como casi siempre pasa en este país todo se queda en la creación de comisiones interministeriales y grupos de trabajo con nombres rimbombantes que suelen provocar el parto de los montes.
Una premonición: mientras siga este gobierno social-comunista es, prácticamente, imposible que lleguen a verse realizados estos planes, porque la Seguridad Nacional exige posiciones enérgicas cuando se tiene que aplicar la fuerza policial o la militar, en su caso, que van contra el buenismo de la legislación vigente y la sensibilidad humanitaria de nuestros gobernantes (para la parte de humanidad que les interese en cada momento). También se hace necesario, contar con una política exterior predecible y sólida pactada, como mínimo, con el principal partido de la oposición que, en cualquier momento puede gobernar. En España, no es el caso. De todos modos, un Gobierno de trileros como el nuestro puede buscar subterfugios (lleva tres años sin presupuestos y no pasa nada, aunque la situación sea ilegal) como separar partes no conflictivas de los Planes de Seguridad, como la económica, que ya está en marcha con desigual fortuna en la ejecución (Melilla, el 77% y Ceuta, el 22%). Tampoco descarto la posibilidad que nos presente un plan cosmético lleno de tópicos buenistas sin posibilidad de aplicación práctica (el papel lo aguanta todo).
Volviendo a nuestro método de análisis, también nos encontramos con que el problema no se ha resuelto aún, porque no hemos recuperado la situación de normalidad. Si hubiera un plan estaríamos hablando del Estado Final Deseado: volver a la situación de partida en que las fronteras sean inviolables, todos los ilegales hayan sido devueltos a Marruecos, se recuperen los servicios de la ciudad y la seguridad ciudadana esté garantizada para todos los habitantes de Ceuta.
Pese a la falta de plan y que el problema creado por la avalancha masiva no se ha resuelto todavía, voy a valorar lo sucedido por el método AAR (revisión después de la acción) consistente en responder a las cuatro preguntas clave: ¿Cuál era la misión?, ¿qué sucedió realmente?, ¿qué salió bien?, ¿qué salió mal? y sacar las consecuencias. Mas que realizar una investigación profunda, lo que quiero es aclarar algunos conceptos que pueden llevar a la confusión (usados con descuido, incluso por algunos especialistas de reconocido prestigio), desmontar ciertas teorías ilusas y dar algunas ideas sobre una respuesta al problema dentro del respeto al Derecho Internacional.
Para resolver el problema que estamos tratando es necesario conocer la naturaleza del mismo (definirlo con claridad y distinción). En este sentido, se vienen empleando expresiones que definen la situación creada por la avalancha de personal procedente de Marruecos sobre Ceuta como una “invasión” (o añadiéndole migratoria”), una “marcha parda” o “nueva marcha verde”, una “guerra híbrida”, “un ataque y una violación de la soberanía territorial de España" (presidente Sánchez), etc.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional el concepto “invasión” se refiere a “una acción militar que consiste en la entrada de las fuerzas armadas de una entidad geopolítica en el territorio controlado por otra entidad semejante, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio o cambiar el gobierno establecido”. Viola la Carta de las NNUU (artº 2.4), salvo en casos muy estrictos de legítima defensa o con permiso especial del Consejo de Seguridad. Como puede observarse este supuesto no tiene nada que ver con lo sucedido en Ceuta ya que se trata de una avalancha de civiles desarmados y no un ejército. Tampoco, por razón de la finalidad, porque no se pretende conquistar una parte de nuestro territorio, ni cambiar el gobierno establecido, sino buscar, de forma ilegal, mejorar sus condiciones de vida en otro país.
Otra denominación a lo sucedido en Ceuta recientemente busca la analogía con lo que sucedió hace cincuenta años en el Sahara español con la “Marcha Verde”. Hay que matizarlo. En aquella ocasión, la marcha fue organizada por EEUU (se sabe con certeza por documentos desclasificados) y, explícitamente, ejecutada y controlada por Marruecos (sobre el terreno: miembros de la Gendarmería y las FAR, muchos de ellos de paisano). Aunque la multitud estaba concentrada desde unos días antes en tres zonas separadas (Tarfaya, Abattech y Zag) a unos cincuenta kilómetros al norte de nuestra frontera, se llevó a cabo días después de que los gobiernos de Madrid y Rabat tuvieran ya formalizado un acuerdo para la entrega del Territorio. Por su parte, la famosa Marcha Verde, terminó en una pantomima pactada para que las masas de civiles marroquíes cruzaran la línea fronteriza con España (que ya nos habíamos tomado la molestia de desminar) y se detuvieran unos cientos de metros antes del despliegue del nuestro Ejército, que fue utilizado porque no quedaban fuerzas de la Policía Territorial. Cuando ya lograron su efecto propagandístico se retiraron por donde habían venido. El parecido entre estas dos situaciones se limita a que se utilizó la marcha como medida de presión para que abandonáramos el Sahara, cuando no hizo ni falta, porque el Gobierno español de aquella época se entregó sin resistencia a los dictados de Marruecos (como puede verse, la bajada de pantalones ante nuestro “hermano y gran amigo” es muy anterior a Pegasus).
En un próximo artículo analizaremos si la avalancha masiva a Ceuta, su puede considerar un ataque híbrido y cómo se defienden.
18/08/2026
(3) España si paga traidores
Ceuta, bastión de España
(3) España si paga traidores
Manuel Castro Zotano
General retirado
Una categorización muy recurrida de la situación de Ceuta es la de “guerra híbrida”. Por definición, se trata de “una estrategia de conflicto que combina el uso simultáneo de la fuerza militar tradicional con tácticas no convencionales, como desinformación masiva, manipulación de redes sociales, ciberataques, apoyo a grupos armados locales, sabotaje económico, operaciones psicológicas, uso de actores no estatales (milicias, hackers, emigración...) y presión diplomática, para desestabilizar a un Estado o rival sin llegar necesariamente a una confrontación bélica convencional abierta”.
Esta estrategia híbrida o de zona gris es relativamente reciente en su formulación teórica, pero es tan vieja como el hombre. En el último decenio del siglo pasado que es cuando se empezó a popularizar el término, se trataba de combinar simultáneamente acciones militares convencionales con otras irregulares (guerrilla, terrorismo..) en un mismo campo de batalla. En este siglo y con los avances tecnológicos tan rápidos ya no es necesario que existan operaciones convencionales para que se generen “amenazas híbridas” que sean capaces, por sí mismas, de dañar o desestabilizar Estados. Por citar algunos ejemplos, tenemos la anexión de Crimea por Rusia (2014), la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia (2021), la presión de China sobre Taiwan, las acciones de Rusia contra Europa, etc. Hay una característica de este tipo de amenazas que complican la respuesta del país agredido: la dificultad de identificar con absoluta certeza la autoría del país o grupo agresores .
Existen evidencias claras de que lo acontecido en Ceuta el 30 de julio entra perfectamente en este tipo de amenazas híbridas, porque se usaron actores no estatales (la emigración), desinformación masiva, manipulación de redes sociales, presión diplomática (reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla), intentos frustrados de atentados a infraestructuras críticas, etc. Las respuesta a este tipo de ataques va más allá de la seguridad pública entrando en el más amplio campo de la Seguridad Nacional. Como es sabido, esta tiene tres “pilares” fundamentales: la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior. También forman parte de ella las “Áreas de Especial Interés”, de carácter transversal, como la ciberseguridad, la seguridad económica, la seguridad energética, etc.
La respuesta a este tipo de ataques plantea, como ya se ha advertido anteriormente, el problema de la autoría. El país o grupo agresores enmascara sus intenciones y es muy difícil que deje alguna prueba irrefutable de su intervención. En la OTAN y la UE utilizan una metodología para determinarla en la que cruzan datos procedentes de cuatro pilares: forensía digital, inteligencia de fuentes humanas y de señales, análisis de beneficio (a quien favorece) y sincronización político-estratégica. Suele ser definitivo la atribución política colectiva.
Aplicando la metodología al caso de Marruecos (con la salvedad de que solo utilizo datos abiertos) podemos concluir:
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Un evento de estas características que exige desplazamientos multitudinarios de emigrantes desde zonas muy lejanas, concentración, alojamiento y apoyo de la multitud antes de la avalancha y, por último, un control y conducción del movimiento por tierra y mar, no se improvisa, ni siquiera con el apoyo de redes sociales, exige un planeamiento y ejecución tan complejos que solo lo puede ofrecer un gobierno, en este caso el de Marruecos.
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Marruecos mantiene permanentemente reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta, Melilla y los Peñones. Parece de lo mas oportuno abrir el debate a nivel internacional en estos momentos en que se siente reforzado por el apoyo de EEUU y de Israel y el Gobierno español parece secuestrado por el marroquí.
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Marruecos ya ha utilizado la emigración como arma contra España con anterioridad para conseguir concesiones políticas como la avalancha migratoria de 2021 que logró que el Gobierno español cambiara su política sobre el Sahara.
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Marruecos, pese a su interés en presentarse ante la Comunicad Internacional como un país moderno, no deja de ser un estado policial donde no hay actividad, por mínima que sea, que no la controle el Estado (es un insulto a la inteligencia cuando se habla de mafias. ¡Señores, las mafias son el propio Estado!). Si se produjo ese relajamiento en el control fronterizo es porque El Gobierno y el Monarca así lo quisieron.
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La Jueza de la Audiencia nacional que lleva el caso de la crisis de Ceuta en su auto constata que “es un ataque contra la integridad territorial de España” y, entre otras cosas, ve indicios racionales de “una indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio de Marruecos”,
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Según lo trascendido del informe del CNIF (policía de fronteras) a la Jueza de la Audiencia se habla, asimismo, de la “coordinación entre gendarmes de uniforme y de paisano para conducir la masa de emigrantes hacia los lugares de paso”.
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Por último, se produce una atribución colectiva ya que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha señalado públicamente que el país vecino "instrumentaliza" la inmigración contra Europa en Ceuta. Recuerden que en el caso similar del 2021, la UE aprobó una resolución incriminando a Marruecos. En fecha próxima se espera una resolución del Parlamento Europeo sobre el asunto que, ya de entrada, cuenta con la oposición del partido socialista europeo.
La declaración del presidente Sánchez de que fue “un ataque y una violación de la soberanía territorial de España", refuerza la idea que he expuesto, anteriormente, que no se trata de un asunto exclusivo de seguridad pública, sino de Seguridad Nacional (seguramente ya estará arrepentido de haberse pronunciado como un enjenado ultraderechista). Pero tanto él como sus ministros insisten hasta la saciedad en exculpar a Marruecos del ataque arguyendo la falta de pruebas oficiales, mientras apunta a campañas de desinformación procedentes de actores externos (Rusia, Israel y la internacional ultraderechista). Pese a la aparición de nuevos indicios relevantes (informes del CNIF, Auto de la Juez Tardón, etc.) sigue en sus trece de exculpar a Marruecos. El Ministro Puente, con su típico argumentario ad hominen, arremete contra la Juez diciendo que "ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad." Mas allá llega el Sr. Marlaska que no solo niega la autoría de Marruecos sino la realidad misma del sufrimiento del pueblo de Ceuta calificándolo de “inseguridad subjetiva”.
Como las acciones de Seguridad Nacional no pueden esperar y hay que trabajar desde ya con la hipótesis, mas que probable, de la autoría de Marruecos (sin descuidar cualquiera otra hipótesis por disparatada que parezca). Esto nos exige adoptar medidas permanentes de control de riesgos desde la situación de normalidad al resto de situaciones que contempla la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Española.
Seguiremos desarrollando esas medidas.
08/09/2026
(4) Paga o muere
Ceuta bastión de España
(4) Paga o muere
Manuel Castro Zotano
General retirado
Una vez formulada la hipótesis mas probable de que Marruecos fuera el autor del ataque híbrido de julio pasado, y sin descartar ninguna otra, es necesario adoptar medidas permanentes de control de riesgos desde la situación de normalidad al resto de situaciones que contempla la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Española. Dichas medidas se llevan a cabo en las siguientes áreas:
-Área de la Defensa: comprende la defensa militar del territorio, sus aguas territoriales y el espacio aéreo y aeroespacial de Ceuta y Melilla, islas y peñones. Las Fuerzas Armadas son la herramienta principal del Estado para garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España. Cuentan para ello, con Planes Conjuntos de Defensa de los territorios de soberanía (en su día se denominó el Plan Ballesta y hoy, al parecer, son planes operativos de contingencia) y una estructura de mando operacional permanente.
-Área de la Seguridad Pública: comprende la defensa del Estado y del ciudadano en esas ciudades. La llevan a cabo fundamentalmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (del Estado y las policías locales) desplegadas en ambas ciudades. Como dijimos no existe ningún plan concreto para este tipo de seguridad y sí algunas instrucciones dispersas para determinadas amenazas. Aquí no hay una Estrategia de Segruridad Pública a nivel Nacional, como en Defensa, de la que se deducen planes operacionales subordinados, debido fundamentalmente a las competencias dispares entre Comunidades Autónomas (algunas tienen policias autonómicas y otras no). A nivel de la Ciudad de Ceuta o Melilla, el Mando de la seguridad pública se organiza de forma coordinada entre la administración estatal y la ciudad autónoma, bajo la dirección superior de la Delegación del Gobierno. En la actualidad, y mientras dure la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, se ha designado un Mando Único Nacional que preside el Ministro de Política Territorial que coordina áreas operativas como la seguridad, fronteras, servicios públicos, CNI, etc.
-Zona gris: son amenazas híbridas para dañar o debilitar al Estado y desmoralizar a la población y se desarrollan en los Ámbitos de Especial Interés de la Estrategia de Seguridad Nacional (ciberseguridad, seguridad marítima, seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, lucha contra la desinformación, protección de infraestructuras críticas, etc.). En general, las amenazas son transversales y exigen la intervención conjunta de fuerzas militares, policiales y otros recursos del Estado. La coordinación de todas las capacidades corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, órgano político-civil. Establece Planes Estratégicos para cada ámbito por medio de Comités especializados. La realidad es que se ha avanzado disponiendo ya de Estrategias nacionales en ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad contra el crimen organizado e infraestructuras críticas.
El famoso Plan de Seguridad Integral para las ciudades de Ceuta y Meilla (que ni está, ni se le espera por un tiempo), integraría los planes correspondientes a las tres areas anterioirme presentadas. Es en el Área de Defensa donde existen la totalidad de los planes y Ördenes de Operaciones, a distintos niveles, adecuadamente actualizados, evaluados periodicamente y con una organización del mando perfectamente estructurada. También en la Zona Gris los hay pero con algunas carencias. Mi estudio lo voy a central en el Ärea de Seguridad Pública, cuya planificación es mas deficiente y en aspectos concretos de algunas amenazas híbridas.
Para deducir lecciones aprendidas aplicaré, como dije, el método OTAN de Revisión Después de la Acción (AAR) al caso de la avalancha migratoria ocurrida el 30 y 31 del mes de Julio del año en curso, que todavía está sin resolver. Para ello, trataré de contestar a las cuatro preguntas típicas del método citado: ¿cuál era el plan original (objetivos y misión)?, ¿qué sucedió realmente (la realidad en el terreno)?, ¿qué salió bien y por qué (éxitos)? y ¿qué salió mal y por qué (problemas)?
Contestando a la primera pregunta podemos decir que la misión principal era (me atrevo a formularla al no existir plan): “mantener de forma permanente la inviolabilidad de la frontera con Marruecos ante una avalancha masiva de emigrantes por tierra, mar o aire”. Pero como la citada misión ha sido desbordada por la realidad de los hechos y el problema continúa sin resolver, habría que analizar, además, una nueva misión que podríamos formular como: “restablecer la situación de normalidad recuperando las condiciones iniciales de seguridad y de habitabilidad de Ceuta, expulsando, de acuerdo a la legalidad vigente, a los emigrantes que no quieran volver voluntariamente a Marruecos”. Consecuentemente el informe AAR que voy a esbozar va a comprender ambas misiones.
Con respecto al resto de preguntas del informe: ¿qué sucedió realmente?, ¿qué salió bien?, ¿qué salió mal?, es necesario conocer con cierta profundidad los antecedentes (históricos, políticos, económicos, jurídicos, operativos, etc.) del caso y, por otra parte, disponer de una buena información de contacto para dar una respuesta fundamentada.
Empecemos por lo primero, los antecedentes. Hay que resaltar que en los últimos diez años se ha producido un aumento significativo de los flujos migratorios irregulares hasta el punto de preocupar al ciudadano europeo que ve en riesgo su identidad nacional y, más prosaicamente, el probable deterioro de su nivel de vida y del estado de bienestar. Tanto es así que la emigración irregular se ha convertido en un problema político de primera magnitud que ha modificado el panorama electoral europeo, sesgándolo hacia posiciones mas intransigentes. No basta con decir que la economía de la UE depende de manera creciente de esta mano de obra joven para mitigar el envejecimiento demográfico y cubrir sectores clave. La baja capacitación de emigrantes en situación irregular no garantiza un verdadero relevo generacional; a menudo cubre empleos de baja calidad —cuando encuentran trabajo— y, en bastantes casos, acceden a él a través de redes informales y mafias que terminan por explotarlos. Lo que no deja de ser preocupante es que por reagrupación familiar muchos de los emigrantes regularizados traen de sus respectivos países, en muchos casos, dos o tres miembros que no aportan nada a la seguridad social y si consumen de ella.
La política de la UE respecto a la emigración procedente de África ha sido, tradicionalmente, cargar el peso mayoritario del problema sobre los países de primera entrada (España, Italia y Grecia), mientras se adoptaba una postura buenista de acogida generalizada. Tras la revolución política de los últimos años en la UE, se ha cambiado, radicalmente (Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, junio 2024 y 2026) a otra en que las cargas se reparten entre todos los países miembros, se paga a terceros países por mantener el flujo migratorio alejado de nuestras fronteras (externalización) e, incluso, se prevé desplegar Centros de Retorno de la UE (a semejanza de los dos que la Sra. Meloni tiene en Albania que tanto denostaron los que hoy aplauden).
De todos modos, la externalización no es la panacea para resolver el problema porque la emigración no se elimina, se desplaza hacia las zonas con menor control de salida o transito. Se puede afirmar que, el ultimo año, en la ruta migratoria del Atlántico occidental con Canarias (Marruecos, Senegal, Mauritania que cobran la externalización) descendió el tráfico en un 60%. Asimismo, descendió en mas del 50% en la ruta del Mediterráneo central (desde Tunez y Libia, también externalizados por la UE). En cambio, se elevaba el flujo migratorio en una cantidad similar en Argelia en el mismo periodo de tiempo (el Gobierno argelino no se vende a la externalización. Quizás piensa utilizar la emigración como arma). Con los datos aportados parece que hay una relación causa-efecto entre entre pago por la UE y disminución del trafico de emigrantes.
¿Que papel juega Marruecos en todo esto?...Ver próximos artículos.
12/09/2026
(5) La guerra de nunca acabar
Ceuta, bastión de España
(5) La guerra de nunca acabar
Manuel Castro Zotano
General retirado
Marruecos, es un caso muy particular en materia de acuerdos para la emigración, pues está recibiendo en los últimos cinco años bastante dinero de los fondos de cooperación de la UE para la externalización (del orden de 310 millones, más 190 que se le deben hasta 2027) y mantiene un estatus preferente de libre comercio que le convierte en su principal socio comercial (la UE le exporta 34.148 millones de euros e importa 26.958 millones, anualmente). Hay que tener en cuenta, también que viven en Europa unos cuatro millones de marroquíes que anualmente envían a Marruecos remesas por unos 11.000 millones de euros. Esto equivale a la 8% del PIB, más que la contribución del turismo y los fosfatos (en segunda y tercera posición). Por otra parte, la UE le presta un firme respaldo político como aliado estratégico en el norte de África.
Pese a todo lo que recibe de la UE, no cumple en materia de control de la emigración hacia España. Maneja el grifo de las salidas de personal irregular según sus intereses sin recibir respuesta firme de la UE y, muchos menos de España totalmente sumisa (en la ruta de Marruecos a la Península el tráfico de emigrantes ilegales ha aumentado este año en un 32% sin contar lo que le ha podido acrecentar la avalancha migratoria de Ceuta de julio pasado). Como muestra de la fortaleza de la UE ante las violaciones de sus acuerdos con Marruecos, les diré que después de lo de Ceuta no se le ocurrido otra cosa mas valiente que arbitrar mas fondos para Rabat en el capítulo migratorio de la futura Asociación Estratégica Global con Marruecos y pagar inmediatamente los 190 millones que le correspondía en externalización hasta el 2027. Hoy día 17, por fín, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución con los votos de la derecha, centro y patriotas (los socialistas europeos y ultrazquierda, prácticamente son los mismos, han votado en contra). En dicha resolución la UE consideraque Ceuta ha sido “invadida” y víctima de “un ataque híbrido” y exige a Marruecos "respeto por la soberanía española" y que asuma "sus responsabilidades de control fronterizo". También reclama al Gogierno de España "que despliegue urgentemente las medidas necesarias para restablecer la normalidad" en la ciudad autónoma.
Todo lo dicho tiene que ver con la debilidad e hipocresía de la UE. Debilidad, porque paga para que otro haga su trabajo de defender sus fronteras e hipocresía, porque se tapa los ojos de la violación sistemática de los derechos humanos de los emigrantes que cometen los países que subvencionamos en la externalización que, para evitar que crucen, recurren a atrocidades como dispersión de grupos de emigrantes por lugares desérticos, trato inhumano, agresiones, violencia sexual, secuestros, extorsiones, etc. Como la UE carece tanto de la estructura institucional como de la firmeza ideológica necesarias para tomar decisiones consistentes, habrá que seguir pagando a estos estados delincuentes y continuar llenándonos la boca de buenismo progresista (un ejemplo, en Libia, país desestructurado y con dos gobiernos enfrentados, se le paga al Jefe de la Guardia Costera, mafioso auténtico).
Una primera conclusión es que Marruecos tiene una gran dependencia de la UE para sobrevivir económica y políticamente. Pues ya que se le paga generosamente, podría exigírsele en la misma medida.
Veamos ahora las relaciones históricas y políticas, económicas con España. Todo comenzó con Ceuta, una plaza fuerte, conquistada por los portugueses en 1415 con la finalidad de controlar el comercio del estrecho y frenar la piratería. En 1580 se incorporó a la Monarquía Hispánica con Portugal y , después de su independencia en 1640, prefirió seguir siendo española hasta nuestros días. En cambio, Melilla mas que una conquista fue la ocupación en 1947 de los restos de una antigua fortaleza fenicio-púnica y romana, en terra nullius, con la finalidad de asegurar la frontera sur de la Monarquía Hispánica y combatir a los piratas.
Se puede afirmar que Ceuta y Melilla se mantuvieron bajo soberanía española, hasta mitad del siglo XIX gracias a su capacidad de defensa frente a los esporádicos ataques de berberiscos y algunas tribus del interior (sin conocimiento del sultán la mayoría de las veces). A partir de ese tiempo las agresiones se hicieron más severas y frecuentes, teniendo España que intervenir militarmente, incluso con fuerzas expedicionarias o reforzando las guarniciones desde la Península, para obligar al sultán a firmar acuerdos (como el de Wad-Ras en 1860, donde se reconocía expresamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y cedían más territorio perimetral a España a cambio de la paz, consolidando legalmente las fronteras de ambas ciudades. O el de Marrakech 34 años después, tras la guerra de Margallo en Melilla, con idéntica finalidad).
Al inicio del siglo XX, España estaba en un momento de postración política, económica y moral, consecuencia de la pérdida de los últimos residuos de su imperio y eso se notaba en el estado del ejército divorciado de su pueblo (que le achacó la responsabilidad del fracaso), del poder político (culpable auténtico de las desgracias de la Patria) y en unas condiciones materiales que le restaban cualquier eficacia operativa. Para hacerse una idea del poco peso internacional que tenía España en el concierto de naciones, un ejemplo: el diplomático español Pedro Jover y Tovar se suicidó pegándose un tiro el 30 de octubre de 1901 a bordo del vapor Rabat. Regresaba de una misión internacional relacionada con negociaciones de límites coloniales con Francia en el África Occidental en las que fracasó rotundamente, por la impotencia de España frente a Francia. En la conferencia nos robó el 80% del territorio que nos correspondía y , un año después, cuando fuimos a ocupar Rio Muni, Francia volvió a quitarnos impunemente la mayor parte del territorio que nos habían asignado. ¡Qué pena que nuestros mandatarios actuales mo tengan ese sentido del deber del Sr. Tovar!
Comienza el siglo XX con la Guerra del Rif (1909-1926) en que se produce una escalada en el nivel del conflicto pasando de meras acciones locales a una guerra generalizada, especialmente, desde que España se hizo cargo del Protectorado (1912). Nos correspondió la pacificación de un territorio agreste, sin apenas vías de comunicación y con tribus salvajes y belicosas , como los rifeños (la parte atlántica de la Yebala, era algo mas feraz y las tribus no tan belicosas). Fueron acciones militares especialmente duras con un ejército que sustentó su operatividad no en los medios materiales, sino en la profesionalidad y el valor de los mandos y tropa. Dada la sangría causada en la juventud española por esta guerra interminable, el Ejército trató de reducir las bajas de los quintos y soldados de cuota con el empleo prioritario de Unidades de voluntarios (La Legión) y tropas indígenas mandadas por militares españoles (Fuerzas Regulares, la Mehala Jalifiana y la Policía). La falta de apoyo material y político al ejercito combatiente procedente de la Península y la actuación impetuosa y temeraria de algunos altos mandos llevó a desastres como el de Annual (1921) en la que los rifeños derrotaron al ejercito español causándole unas 7.000 bajas. Esto generó una gravísima crisis política que acabó desembocando en la Dictadura de Primo de Rivera (1923) y, posteriormente, en la II República (1931). Con la Guerra del Rif, acabó el General Primo de Rivera mediante el desembarco de Alhucemas (1925), un hito en la historia militar mundial.
Seguiremos con la historia reciente
17/09/2026
(6) un conflicto de soberanía identitario permanente
Ceuta, bastión de España
(6) un conflicto de soberanía identitario permanente
Manuel Castro Zotano
General retirado
Con Franco la política con Marruecos estuvo condicionada, fundamentalmente, por el apoyo que recibió de tropas indígenas desde el alzamiento de 1936 hasta el final de la guerra civil. Hizo concesiones sin cuento al nacionalismo marroquí durante el Protectorado (incluso permitiendo la existencia de partidos políticos y autorizando reformas, muy lejanas a las que toleraba en España). Esto le sirvió, en tiempos de aislamiento, para fomentar sus relaciones con los países árabes en los que se apoyó. Inició una forma de relacionarse con Marruecos de paternal tolerancia que ha desembocado en la actual de sumisión.
Conseguida la independencia por Marruecos en 1956, pronto comenzaron las disputas territoriales con España. No estuvo de acuerdo Mohamed V, abuelo del actual Rey, con que no se le devolviera la soberanía sobre el protectorado Sur (Tarfaya), ni de Ifni. Promovieron una guerra en Ifni y Sahara (1957/1958) para tomarlos por la fuerza, ocultando su autoría con la creación bajo mano del Ejercito de Liberación Marroquí, cuando de todos era conocido que estaba constituido por naturales de esos dos territorios mandados por oficiales de las Fuerzas Armadas Reales y equipados militarmente por estas. El Gobierno español, para no intervenir contra Marruecos aceptó, formalmente, semejante falacia (este tipo de desinformación se repitió con creación del grupo guerrillero FLU durante el conflicto del 73/75 en el Sahara). Terminó el conflicto con una intervención militar combinada con el Ejército Francés, aunque con el Acuerdo de Cintra (perdimos toda la zona de Tarfaya y nos retiramos voluntariamente hasta la ciudad de Sidi Ifni).
El siguiente conflicto fue en el Sahara español, en los estertores del franquismo, entre 1973/1975. Se desencadenó por el Frente Polisario, grupo guerrillero autóctono, que con el apoyo de Argelia y con santuarios en Mauritania (un año después los trasladaron a Argelia), luchaba por la independencia del Sahara. España racionó persiguiéndolos militar y policialmente. Políticamente, dio a luz un Estatuto de Autonomía para el Sahara que no satisfizo a nadie por distintos motivos (a la Comunidad Internacional – que quería descolonizar el Sahara-, a Marruecos -que pretendía incorporarlo a su territorio- y al Polisario – que quería la independencia-). A mediados del 74, Marruecos, con grandes problemas internos entre ellos, la represión continuada por los dos atentados contra Hassan II de dos años antes, la iniciación por España de la explotación de los fosfatos que le perjudicaba extraordinariamente a la economía y a la vista de los planes del Gobierno español para el Territorio, expresó su exigencia de soberanía sobre el Sahara español como parte integrante de su nación. Comenzó realizando despliegues de fuerzas militares en la frontera norte: una Brigada Mecanizada y unas cuarenta partidas de guerrilleros del FLU (Frente de Liberación y Unidad). Estos últimos formados con personal saharaui de la zona de Tarfaya y mandos de las FAR marroquíes iniciaron su actividad guerrillera en la frontera norte atacando pequeños puestos aislados o instalaciones poco atendidas. El ejercito español destinado en el Sahara, reforzado con algunas Unidades de la Península y Canarias, mantuvo la integridad del territorio impidiendo cualquier acción del ejército marroquí y la actividad guerrillera del Polisario y del FLU. Sin embargo, el Gobierno español en estado de postración por la agonía de Franco, ante la amenaza de la Marcha Verde y la presión del Polisario, decidió hacer dejación de sus responsabilidades en el Sahara y lo entregó a Marruecos (a cambio de un acuerdo en materia de fosfatos y pesca que, un minuto después de que salieran nuestras traicionadas fuerzas del territorio, ya habían incumplido).
Las relaciones con Marruecos desde la llegada de la democracia a España (1977) se han visto influidas por la existencia del problema de fondo, hoy llamaríamos linea roja, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y los Peñones. Ningún país del mundo reconoce oficialmente la soberanía de Marruecos sobre estos territorios y la Comunidad Internacional los considera españoles (la ONU nunca las ha considerado territorios coloniales ni pendientes de descolonización).
Recientemente, acciones políticas en EEUU e Israel, con un trasfondo geopolítico reactivo (España no permitió el uso de las bases militares españolas de uso conjunto, ni del cierre del espacio aéreo español en la guerra contra Irán. Por su parte, Israel, descontento con la política antisemita del Sr. Sánchez que se manifestó en el reconocimiento del Estado Palestino), parecen haber puesto en duda la españolidad de Ceuta y Melilla, aunque el Departamento de Estado de EEUU lo haya desmentido tajantemente.
Esta reivindicación de territorios españoles resulta recurrente cada vez que Marruecos detecta alguna ventana de oportunidad (p.e., la declaración de Ceuta y Melilla como comunidades autónomas en 1995. El bloqueo de fronteras en 2001 a consecuencia de la postura española sobre el Sahara y los desacuerdos en gestión de la inmigración. La reacción militar contundente de España a la ocupación por gendarmes marroquíes de la Isla de Perejil en 2002. La visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla (2007). En todas las ocasiones anteriores Marruecos llegó a retirar temporalmente su embajador en España. Otras ventanas de oportunidad fueron: la crisis migratoria de 2021 en Ceuta como consecuencia de la atención médica prestada en España al dirigente del Polisario de tapadillo (con pasaporte e identidad falsos) o la crisis migratoria en Ceuta en 2026, con motivo del acercamiento del presidente Sánchez a Argelia en materia energética, etc. Generalmente, estas ventanas de oportunidad tienen también que ver con la debilidad del Gobierno español o a problemas de política interna de Marruecos.
Hay que hablar claro y dejarse de subterfugios o de cuentos de hadas. Las relaciones entre España y Marruecos por el contencioso de Ceuta y Melilla responde fielmente a la estructura de “un conflicto de soberanía identitario permanente” en el que nuestro vecino utiliza todas las herramientas que le proporciona este tipo de conflictos de zona gris y nosotros nos limitados a tratar de apaciguarlo o como ha sucedido mas recientemente, someternos a sus designios evitando, por todos medios asignarle la autoría de las acciones lesivas para España.
¿Qué herramientas utiliza Marruecos contra España? Explota nuestras vulnerabilidades políticas, sociales, geográficas, etc., para conseguir concesiones geopolíticas. Modera o extrema el control de nuestras fronteras comunes en casos de emigración o disminuye la cooperación en materias de lucha contra el terrorismo islamista y el crimen organizado. Recurre con una cierta frecuencia al cerco económico a Ceuta y Melilla con el cierre de fronteras que nos obliga a traer por barco desde la Península lo necesario para la vida cotidiana de la población (esto que para nosotros es una molestia se vuelve dramático para la población marroquí próxima a las dos ciudades que no tienen otro medio de vida que la venta de sus productos agrícolas allí o el ejercicio del pequeño contrabando diario consentido por ambas Administraciones). En 2020 y de forma unilateral, Marruecos aprobó dos leyes para delimitar el mar territorial (12 millas) y su Zona Económica Exclusiva (200 millas), que interfiere con las aguas territoriales españolas en Canarias. Es un problema trascendente ya que vulnera los derechos de España, pretendiendo hacerse con los recursos del fondo marino (del Monte Tropic, entre otros). Con un Gobierno tan entregado a los intereses de Marruecos temo el desenlace de este problema que deberán resolver los dos países de común acuerdo. Mantiene bajo vigilancia a lideres políticos, periodistas, activistas, etc., mediante spyware (caso Pegasus, donde quizás pronto encontremos la respuesta a tanta indignidad del Sr.Sánchez, victima de este tipo de espionaje). También mantiene grupos de presión (lobis) de españoles (políticos, ex ministros, empresarios, etc.) con intereses económicos en Marruecos que operan en la UE y EEUU controlanso algunos medios de comunicación analógicos y digitales que concitan grandes audiencias para influir en la opinión publica a su favor. Mantiene una ventaja de iniciativa estratégica con España por la rapidez en la toma de decisiones ante problemas urgentes, al ser una dictadura. Mientras que nosotros requerimos de mas tiempo al respetar los protocolos democráticos.
¿Cómo podemos neutralizar esta política marroquí?...En próximos artículos.
18/09/2026
(7) poner la otra mejilla
Ceuta, bastión de España
(7) poner la otra mejilla
Manuel Castro Zotano
General retirado
Hemos visto como Marruecos tiene una estretegia contra España que le da resultado. ¿Tenemos nosotros otra para contrarrestarla? Con lo dicho hasta ahora, podemos concluir que mientras la posición política de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y los Peñones es proactiva (siempre llevan la iniciativa), la española, es absolutamente reactiva, apaciguadora y muchas veces sumisa. La siguiente pregunta sería ¿disponemos de herramientas suficientes para generar un impacto asimétrico que afectara a los intereses de Marruecos? La respuesta es sí. Un bloque o restricciones aduaneras, por nuestra parte, tendría un efecto altamente negativo y desestabilizador porque el modelo económico marroquí está fuetemente enfocado a la exportación y estrechamente ligado al libre acceso a los mercados internacionales, especialmente al de la Unión Europea. Si cerramos nuestros puertos a las exportaciones de Marruecos, encarecería muchísimo la salida por mar de sus productos agrícolas e industriales. En materia energética (elemento común en todos los conflictos), España no controla el sistema energético marroquí, pero sí dos puntos sensibles del mismo: el suministros de electricidad desde nuestro territorio que tiene contratado con la UE (un 8% de la demanda), manteniendo su sostenibilidad (apagones) y la dependencia que tiene de nuestra infraestructura para gasificar GNL. Por otra parte, si cortamos el turismo español, le haríamos un perjuicio irreparable, pues son cuatro millones de españoles los que visitan cada año Marruecos. O sea, que puestos a hacer daño tenemos las herramientas necesarias para paralizar o dañar gravente a Marruecos. ¿Pero tenemos la voluntad política de utilizarlas aunque sea para defendernos?
Otro asunto: hay una ignorancia generalizada por los occidentales de Marruecos como nación y de la idiosincrasia del marroquí como pueblo, cuando su conocimiento podría transformarse en una herramienta diplomática de primer orden. No hay mas que ver las declaraciones de personajes relevantes de la política o diplomacia occidentales que presentan una idea de Marruecos como país perfectamente equiparable a cualquier otro europeo. Un ejemplo emblemático, el Sr. Moratinos, Alto Representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones (todavía perdura el chiringuito que inventó el Sr. Zapatero, hoy investigado por numerosos casos de corrupción). En recientes declaraciones destacó que, “tras casi tres décadas de reformas bajo el liderazgo del rey Mohamed VI, el país norteafricano se ha transformado en un modelo de desarrollo, modernidad y vanguardia institucional”. En términos parecidos se expresan Trump o máximas autoridades de la UE (Van der Layen, Kaja Kallas, etc.).
Nada mas lejos de la realidad, dichas declaraciones son burdas mentiras interesadas por gente que se beneficia personalmente de difundir esta imagen, de otras que les gustaría que fuese así, porque justificaría la debilidad de sus actuaciones políticas, o de EEUU e Israel y sus corifeos que les interesa un Marruecos (en su autentica versión de estado policial) como plataforma segura para sus bases militares.
Marruecos tiene dos caras, la que presenta al mundo (a través de su propaganda, el turismo y su diplomacia) de un país en plena revolución económica e industrial con modernas infraestructuras que, en mucho campos, lo pone en cabeza de todos los países africanos y, en el plano político, tiene instituciones equiparables a las democráticas con Parlamento, elecciones libres y alternancia de partidos.
La otra cara de Marruecos, la verdadera, es la de un estado teocrático-policial, donde el Monarca es la máxima autoridad religiosa (Comendador de los creyentes) que la ejerce mediante el control estricto del Ministerio de Asuntos Islámicos y de los consejos de ulemas. Su carácter sagrado le garantiza que cualquier decisión suya en cualquier materia (política, religiosa, económica, etc.) está fuera de discusión. También ejerce el mando político directo de la Defensa (Es Jefe Supremo de las FAR, de manera efectiva, y el Principe heredero es el coordinador de ellas). Asimismo, controla en exclusiva todo lo que se refiere a seguridad, defensa o relaciones exteriores. Toda la parafernalia de partidos, elecciones, etc., no es más que un atrezo para amortiguar el descontento social y legitimar al régimen ante sus socios internacionales, porque el poder real esta en el Monarca.
El Rey controla, a través del Majzen (grupo de familiares y fieles del Monarca), el estado policial en el que mantiene sumida a la población, con un sistema de vigilancia asfixiante y de cruel represión sin las debidas garantías judiciales. Por otra parte, el grado de concentración de la riqueza en la clase alta es enorme, mientras que el pueblo, subyugado hasta la sumisión, vive en un mercado de trabajo donde los empleos son un 80% informales (sin seguridad social, ni ingresos estables). Un dato estremecedor, el paro juvenil está cerca del 30%.
Un país donde las relaciones entre los poderosos y los débiles, la mayoría, es tan despiadada tiene otros mecanismos mentales distintos que un país moderno de la Unión Europea. En su concepto primitivo de la vida solo entienden dos posturas: la sumisión o el dominio (si te ve fuerte será sumiso y si te ve débil, te dominará). Aquí no caben posturas intermedias de tolerancia, porque no las comprende y las considera débiles.
Por lo que he expuesto , hasta ahora, podemos concluir que una estrategia de acción exterior con Marruecos tiene que comprender medidas de presión política, económica, social y militar, así como una fuerte y creible voluntad de emplearlas. Mano de hierro en guante de terciopelo.
Vistos los antecedentes histórico-político, pasemos ahora a los jurídicos.
Según la permisiva legislación española, entrar en territorio nacional eludiendo los controles fronterizos no constituye un delito penal (a diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea: Polonia, Estonia, Dinamarca y Bélgica). Para que esta infracción se considere delito, deben concurrir otras figuras delictivas penadas por la ley, tales como causar daños en el vallado fronterizo, portar sustancias prohibidas, agresiones a los agentes de la Autoridad etc. Si no se dan estos tipos, el hecho se resuelve por la vía administrativa mediante una sanción (generalmente una multa) y la aplicación del rechazo en frontera, la devolución o la expulsión, según corresponda. Hay una cierta confusión entre el sufrido pueblo español que paga en sus carnes los errores o despropósitos ideológicos de sus gobernantes que, por cierto, están a cubierto de sus efectos en sus mansiones o barrios de lujo. También, oigo con frecuencia opiniones drásticas como que habría que echar de España al que llega irregularmente o se disculpa el político de no poder hacerlo debido a la legislación vigente que, por cierto, el mismo o su partido la han aprobado. Así que voy a proporcionarles algunos datos de interés, empezando por establecer la diferencia entre los conceptos de “rechazo en frontrera”, “devolución” y “expulsión” de los emigrantes irregulares. Con el “rechazo en frontera” (solo para Ceuta y Melilla) se impide la entrada cuando la persona trata de cruzar de forma no autorizada la valla fronteriza. No hace falta expediente administrativo. Queda en suspenso en el caso de los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) o de alguien que pide “asilo”.
En la “devolución”, se hace volver a su pais de procedencia al emigrante que ha entrado irregularmente en España. Es necesario realizar un procedimiento administrativo abreviado en que la persona tiene derecho a asistencia de letrado e intérprete. El expediente debe realizarse en 72 horas, si no fuera posible, se retiene por orden judicial al emigrante en un Centro de Internamiento de Extanjeros por un tiempo maximo de 60 días (si tampoco se resuelve en ese plazo el emigrante queda en libertad provisional y el expediente sigue su curso hasta que se cumplan los seis meses desde que se inció el expediente y el sujeto, entonces, queda en libertad). Esto queda en suspenso en caso de MENAS o alguien que pide la proteccion internacional con el derecho de asilo.
-Con la expulsión, se parte de que el extranjero está viviendo ilegalmente dentro del territorio nacional y comete una infración grave (estancia irregular agravada o condenado por delito penal). Requiere la tramitación de un expediente sancionador completo con plenas garantías de defensa, motivación individual y, por lo general, conlleva una prohibición temporal de volver a entrar en el país. Plazo máximo de resolucion seis meses.
En un próximo artículo trataré de aclarar los problemas del “derecho de asilo” y de los MENAS, por su singularidad, así como de otros aspectos legislativos y su influencia en el efecto llamada o las reponsabilidades de las distintas Autoridades en la gestión de crisis y emergencias constitucionales, sin olvidar lel empleo de las FAS.
20/09/2026
(8) “De garantías también se muere”(*)
Ceuta, bastión de España
(8) “De garantías también se muere”(*)
Manuel Castro Zotano
General retirado
En este artículo trataré de aclarar los problemas del derecho de asilo y de los MENAS, que tienen un estatus especial. Asimismo, de otros aspectos jurídicos como el posible efecto llamada de determinada normativa o sentencia y las reponsabilidades de las distintas Autoridades en la gestión de crisis y emergencias constitucionales.
Los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) no pueden ser rechazados de forma automática o inmediata en la frontera. El Estado se hace cargo de su tutela proporcionándoles acogida en el Servicio de Protección de Menores, dotándoles de asistencia juridica, medica y de intérprete. Pueden ser repatriados posteriormente (según los acuerdos en vigor de España y Marruecos) dependiendo del resultado de un expediente en que quede fehacientemente demostrado el interés en recuperarlo por la familia del menor o por un centro de menores del país vecino (primando siempre el “interés superior del menor”. ¿Y que mayor interés puede haber que se reuna en su casa con su familia?). El problema creado por la acogida de los menas en España es un fenómeno de alta complejidad que va desde el mismo momento en que el Estado se hace cargo del menor (problemas de reparto entre CCAA, dificultades logisticas de asilo, agresiones sexuales cuando son niñas, control conductual, etc.). Cuando el menor cumple la mayoría de edad el Estado se desentiende del sujeto quedando sin tutela y, en la mayoría de los casos, sin trabajo en unas condiciones de vulnerabilidad que pueden aprovechar algunas mafias para explotarlo.
En cuanto al “derecho de asilo”, para mayores y menores de edad, vengan acompañados o no, desde el momento en que se formaliza la manifestación de voluntad de pedirlo el solicitante no puede ser expulsado ni devuelto a su país de origen mientras se estudia su caso. Se les hace un expediente (de urgencia, en el caso de Marruecos considerado por la UE país seguro), permaneciendo retenido en las instalaciones fronterizas hasta que se admite a trámite en que se le permite ingresar en el país de acogida mientras se finaliza el proceso. En caso de no admisión a trámite, y tras permitirle recurrir, si es infructuoso, se le expulsa de España. En la solicitud de asilo de los emigrantes irregulares procedentes de Marruecos hay mucha picaresca, ejerciéndolo de forma abusiva a fin de no ser rechazados en frontera ( en Grecia, por ejemplo, el gobierno ha decidido no aplicar el derecho de asilo y, desde entonces, ha disminuido drásticamente el número de emigrantes irregulares).
Dos hitos jurídicos en los últimos tiempos han venido a complicar la seguridad ante el problema de la emigracion irregular:
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El Real Decreto 316/2026 de 14 de abril para habilitar el procedimiento administrativo de regularización de la situación de miles de personas extranjeras que ya residían en el país antes del 1 de enero de 2026 .
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El Tribunal Supremo determinó, en una sentencia de principios de julio de 2026, que la Ley de Extranjería no permite las "devoluciones en caliente" (o rechazo en frontera) a los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla si no se han topado antes con una barrera física terrestre.